Bolivia eliminó el impuesto a las grandes fortunas y estalló una fuerte polémica política y económica

El Gobierno de Bolivia abrió un intenso debate nacional tras la decisión de eliminar el impuesto a las grandes fortunas, una medida defendida por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, como parte de un plan para estabilizar la economía y recuperar la confianza de los inversores. La anulación incluye otros tres gravámenes -el ITF, el impuesto al juego y el de promociones empresariales- que, según la explicación oficial, representan menos del 1% de la recaudación fiscal, pero generaban "distorsiones" en el clima de negocios.

El anuncio fue celebrado por la Confederación de Empresarios Privados, que calificó los tributos como "regresivos e innecesarios", y por figuras como Samuel Doria Medina, uno de los contribuyentes alcanzados por el impuesto. Para el sector empresarial, la eliminación envía una señal positiva que podría facilitar el retorno de capitales y dinamizar inversiones en un contexto económico complejo.

Pero el cambio también generó fuertes críticas. Exministras como Teresa Morales y Wilma Alanoca acusaron al Gobierno de actuar en favor de las élites económicas, asegurando que la medida no alivia a la clase media ni a los sectores más golpeados por la crisis. Alanoca incluso sostuvo que "los ricos están recuperando privilegios", advirtiendo que esto profundizará la brecha social.

Analistas como Susana Bejarano remarcaron que el propio ministro reconoció la baja incidencia fiscal de los tributos anulados: "Ninguno afectaba a las mayorías, solo a un grupo reducido con recursos suficientes para afrontar la crisis". Para los economistas Jaime Dunn y Gonzalo Chávez, la reforma es apenas un gesto político y no aborda la urgencia de tomar decisiones más profundas, necesarias para encarar la recesión y la pérdida de reservas.

El impuesto a las grandes fortunas había sido implementado en 2020 por el expresidente Luis Arce, con el objetivo de recaudar más de 1.600 millones de bolivianos anuales. Sin embargo, este año apenas se registraron 263 contribuyentes, con ingresos muy por debajo de lo proyectado.

El Gobierno de Rodrigo Paz anticipó que esta es solo la primera etapa de un paquete más amplio, que incluirá un recorte del 30% del gasto público y nuevas reformas que se implementarán hasta marzo con la promesa de "encaminar la recuperación económica" del país.