Identifican en Brasil a un exfuncionario investigado mientras avanza un pedido de localización internacional

Un exalto funcionario del sector energético boliviano fue identificado en Brasil por un grupo de ciudadanos que lo reconocieron y lo increparon públicamente, mientras en Bolivia avanza una investigación penal por presunta corrupción y se activa un mecanismo de localización internacional para determinar su paradero.

Las imágenes, que circularon en redes sociales, muestran al exdirectivo en un parque de diversiones del estado de Santa Catarina, donde fue acusado verbalmente por personas que lo señalaron por supuestas maniobras irregulares durante su gestión al frente de la empresa estatal de hidrocarburos.

Activación de un mecanismo internacional de búsqueda

Horas antes de que el video se viralizara, la Procuraduría General del Estado había confirmado la activación de un sello azul de Interpol, una herramienta utilizada para recabar información y ubicar a personas vinculadas a procesos judiciales en curso. El pedido incluye la cooperación de las autoridades brasileñas para establecer su localización y movimientos recientes.

Desde el ámbito judicial señalaron que la medida no implica una orden de captura inmediata, pero sí un paso clave en la investigación, en un contexto donde el exfuncionario ya había sido señalado como fuera del país tras una resolución judicial que frenó su aprehensión meses atrás.

La causa por presuntas irregularidades en la compra de combustibles

El exdirectivo se encuentra bajo investigación en el marco de un expediente que analiza posibles sobreprecios en la adquisición de diésel y gasolina entre 2023 y 2025. La causa gira en torno a la operatoria de una empresa subsidiaria creada como intermediaria para la importación de combustibles, con el objetivo declarado de reducir costos y evitar la dependencia de traders privados.

Un informe elaborado por una comisión legislativa detectó contratos adjudicados con valores superiores al mercado, pagos sin respaldo contractual y desembolsos que habrían superado los montos máximos autorizados en algunos procesos administrativos. Según esa documentación, el daño económico al Estado podría ascender a unos 56 millones de dólares.

Negativa y defensa del exfuncionario

En declaraciones previas a medios locales, el ex titular de la petrolera estatal rechazó las conclusiones del informe parlamentario y sostuvo que la creación de la subsidiaria respondió a criterios técnicos, impositivos y legales. Argumentó que la normativa vigente impedía a la empresa estatal realizar importaciones directas con la agilidad necesaria y aseguró que la investigación tenía motivaciones políticas.

Además, afirmó haber solicitado una auditoría internacional para despejar dudas sobre su gestión y negó haber participado en maniobras irregulares.

Contexto de crisis energética y económica

La causa adquirió mayor relevancia pública en un escenario marcado por el desabastecimiento de combustibles, que durante dos años generó extensas filas en estaciones de servicio y afectó al transporte, la producción y la actividad económica. A la baja producción local y la dependencia de importaciones se sumaron restricciones de divisas y una política de subsidios que el actual gobierno consideró insostenible.

En diciembre, el Ejecutivo avanzó con la eliminación del subsidio estatal, lo que provocó un aumento superior al 120% en los precios del diésel y la gasolina. Según las autoridades, la medida permitió reducir el contrabando hacia países vecinos y mejorar el nivel de suministro interno, aunque también generó un fuerte impacto social y político.

Mientras la investigación judicial continúa, la aparición del exfuncionario en Brasil reavivó el debate público sobre la responsabilidad de exautoridades, el control de los recursos estratégicos y el alcance real de los mecanismos internacionales de cooperación judicial.