El Ministerio Público de Venezuela anunció la apertura de una investigación contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto al ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y el director del sistema penitenciario, Osiris Luna, por presuntas torturas y tratos crueles a migrantes venezolanos. La acusación, presentada por el fiscal general Tarek William Saab en una conferencia transmitida por VTV, se basa en testimonios de 252 ciudadanos repatriados el viernes tras un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, quienes denunciaron violaciones a sus derechos humanos durante su detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel en Tecoluca, El Salvador.
Los migrantes, deportados desde EE.UU. bajo la administración de Donald Trump, fueron enviados al Cecot en marzo de 2025, acusados sin pruebas contundentes de pertenecer a la banda Tren de Aragua. Según Saab, los repatriados reportaron abusos sexuales, golpizas diarias, uso de balas de goma y suministro de comida podrida.
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Muchos de los migrantes detenidos fueron enviados al CECOT acusados de pertenecer a la banda criminal conocida como "Tren de Aragua".
La controversia se enmarca en tensiones diplomáticas previas. En abril, Bukele propuso liberar a los venezolanos del Cecot a cambio de 252 presos políticos, oferta que Caracas calificó de "chantaje". Organizaciones como Amnistía Internacional han condenado las condiciones del Cecot y las deportaciones desde EE.UU., señalando arrestos arbitrarios y falta de debido proceso. En Venezuela, el acuerdo inicial con El Salvador incluyó un pago de seis millones de dólares por parte de EE.UU., bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para confinar a los migrantes, muchos sin antecedentes penales.
La controversia se enmarca en tensiones diplomáticas previas. En abril, Bukele propuso liberar a los venezolanos del Cecot a cambio de 252 presos políticos, oferta que Caracas calificó de "chantaje". Organizaciones como Amnistía Internacional han condenado las condiciones del Cecot y las deportaciones desde EE.UU., señalando arrestos arbitrarios y falta de debido proceso. En Venezuela, el acuerdo inicial con El Salvador incluyó un pago de seis millones de dólares por parte de EE.UU., bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para confinar a los migrantes, muchos sin antecedentes penales.
Saab llamó a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a investigar, acusando a Bukele de "traficar con seres humanos" por recibir fondos a cambio de retener a los migrantes. Mientras, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta sus propias denuncias por torturas y desapariciones forzadas, bajo investigación de la CPI. Este cruce de acusaciones refleja un complejo escenario político y migratorio, con el Cecot en el centro de las críticas por sus condiciones extremas y el impacto de las políticas de deportación de Trump
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