Tras más de una docena de muertes en una mina, el Gobierno de Perú declara el toque de queda

El gobierno de Perú anunció un toque de queda en el distrito de Pataz, ubicado en la región de La Libertad, tras el hallazgo de 13 trabajadores de la minera Poderosa asesinados en un socavón minero, días después de su secuestro. La presidenta Dina Boluarte, desde el Palacio de Gobierno, detalló que la medida, efectiva de 18:00 a 06:00 horas, busca combatir el crimen organizado vinculado a la minería ilegal, que ha desatado una ola de violencia en esta zona andina, a 900 kilómetros de Lima. Las Fuerzas Armadas asumirán el control total de la zona, y se instalará una base militar permanente.

El brutal ataque, reportado el domingo, involucró a trabajadores de una empresa que prestaba servicios a Poderosa, una de las mayores productoras de oro del país, cotizada en la Bolsa de Valores de Lima. Según Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la minera, los mineros fueron torturados, maniatados y ejecutados a sangre fría por bandas criminales, sumando 39 víctimas desde 2022. La empresa denunció que mineros ilegales, coludidos con grupos armados, han tomado el control de parte de sus instalaciones, agravando la inseguridad pese al estado de emergencia vigente en Pataz desde febrero de 2024.

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Boluarte también ordenó la suspensión de toda actividad minera en la provincia de Pataz, con 88.000 habitantes, por 30 días prorrogables, para facilitar el despliegue de militares y policías. Además, anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas para combatir el terrorismo urbano y excluir a los mineros informales suspendidos del registro oficial. "La minería ilegal mueve más dinero que el narcotráfico. Debemos ganar esta guerra", afirmó la mandataria, rodeada de ministros y jefes de las Fuerzas Armadas. Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones por u$s8.241 millones sospechosas de provenir de esta actividad ilícita.

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La medida busca combatir al crimen organizado y a la minería ilegal.

La minería, un motor económico clave en Perú, uno de los mayores productores de oro en América Latina, enfrenta una crisis de seguridad en Pataz, donde coexisten la minería formal, informal e ilegal. La empresa Poderosa ha sido blanco recurrente de extorsiones y ataques, incluyendo un atentado en 2023 que dejó nueve muertos. El primer ministro Gustavo Adrianzén defendió la respuesta del gobierno, pero enfrentó críticas por haber cuestionado inicialmente la veracidad del secuestro, lo que una familiar de una víctima, Darwin Cobeñas Panta, calificó como una "mentira". El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, rechazó el toque de queda, argumentando en X que "sin inteligencia ni investigación, no sirve".

Mientras tanto, el Congreso evalúa una moción de censura contra Adrianzén, el gobierno apuesta por una respuesta militar para recuperar el control de Pataz, en medio de un debate sobre la efectividad de estas medidas frente a la creciente criminalidad.