12/01/2026
La situación de los presos políticos en Venezuela volvió a quedar en evidencia este domingo, cuando no se registraron nuevas liberaciones pese a los anuncios realizados días atrás por el gobierno. Familiares y organizaciones de derechos humanos confirmaron que el proceso permanece virtualmente paralizado y que la gran mayoría de los detenidos continúa en prisión.
Según el último relevamiento del Foro Penal, desde el 8 de enero solo se pudo verificar la excarcelación de 17 personas, mientras que 803 detenidos siguen privados de su libertad por razones políticas, una cifra que refleja la magnitud del conflicto y la falta de avances concretos.
El anuncio de liberaciones había generado expectativas entre familiares y organismos internacionales, en un contexto de presión diplomática y reclamos sostenidos por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, con el correr de los días, el proceso se mostró irregular, limitado y sin transparencia, sin listados oficiales ni criterios claros.
Desde el Foro Penal remarcaron que este domingo no se produjeron nuevas excarcelaciones, a pesar de las vigilias y concentraciones realizadas frente a centros de detención. Para las organizaciones, la ausencia de avances confirma que el anuncio no implicó un cambio real en la política de detenciones.
Durante la jornada se habilitaron nuevamente las visitas a presos políticos en la cárcel de El Rodeo, suspendidas desde hacía más de un año. Decenas de familiares se acercaron al lugar con la esperanza de recibir información concreta sobre posibles liberaciones.
Algunos pudieron reencontrarse con los detenidos tras meses de incomunicación, aunque sin novedades sobre su situación judicial. La incertidumbre persiste ante la falta de cronogramas oficiales y definiciones claras por parte de las autoridades.
Entre las personas privadas de libertad hay dirigentes políticos, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y militares, muchos de ellos acusados de conspiración o terrorismo en procesos judiciales cuestionados por organismos internacionales.
Las organizaciones advierten que la liberación selectiva de un número reducido de detenidos no modifica la situación estructural ni garantiza el respeto al debido proceso, en un país que mantiene uno de los registros más altos de detención por motivos políticos en la región.
Mientras tanto, más de 800 familias continúan esperando respuestas. Sin información oficial verificable y sin avances concretos, el proceso anunciado sigue rodeado de dudas y críticas.
Para los organismos de derechos humanos, la falta de nuevas excarcelaciones confirma que la prisión política sigue siendo una herramienta central de control, y que los anuncios sin hechos concretos profundizan la angustia de quienes reclaman la libertad de sus familiares.
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