Río de Janeiro veta la ley que premiaba policías por abatir delincuentes

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, vetó el artículo de una ley que premiaba con dinero a policías por matar a presuntos delincuentes en operativos.
La decisión fue tomada tras presiones de organismos de derechos humanos, advertencias del Ministerio Público Federal y objeciones legales planteadas por el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La iniciativa, apodada por la prensa como "bonificación Lejano Oeste", había sido aprobada por la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj) en septiembre. Proponía gratificaciones de hasta el 150% del salario para los agentes que "neutralizaran" criminales en enfrentamientos armados.

Castro, al sancionar parcialmente la ley el 23 de octubre, bloqueó ese punto por considerarlo financieramente inviable y jurídicamente riesgoso, al tiempo que admitió que podría estimular la violencia policial. "No podemos incentivar la letalidad como si fuera un mérito", afirmó durante un acto del programa Navega RJ, según reportó O Globo.

El gobernador recordó que un fallo reciente del STF ya había anulado una medida similar destinada a la Policía Penal, y señaló que mantener el artículo vetado expondría al Estado a sanciones e indemnizaciones millonarias. Además, advirtió que si la justicia lo declaraba inconstitucional, los efectivos deberían devolver los fondos percibidos.

Entre 1995 y 1998, Río de Janeiro aplicó un sistema comparable que recompensaba actos de "bravura" con aumentos de entre el 10% y el 120%. Aquella política fue eliminada tras comprobarse su impacto en el aumento de la violencia institucional.

Según Human Rights Watch, Río sigue siendo el estado con mayor letalidad policial de Brasil: solo en 2022 se registraron 703 muertes durante operativos, y hasta agosto de 2023 ya se contaban 470 víctimas. Un estudio citado por EFE reveló que el 65% de las personas muertas entre 1996 y 1998 fueron baleadas por la espalda, mientras huían.

La ley vetada formaba parte de un paquete de reformas para reestructurar la Policía Civil, impulsado por legisladores aliados al oficialismo.
El diputado Rodrigo Bacellar (União Brasil) aseguró que la Alerj podría revisar el veto y restaurar los artículos objetados, si logra una mayoría calificada en la próxima sesión.

Pese a la controversia, la decisión de Castro fue respaldada por organismos internacionales y movimientos sociales que alertan sobre el peligro de institucionalizar la violencia policial en uno de los estados más conflictivos del país.