La oposición venezolana calificó de "aberrante" la condena a 30 años contra el yerno de Edmundo González

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, repudió la condena de 30 años de prisión impuesta a Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, calificándola de "inconstitucional y aberrante" y denunciando una escalada de persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El proceso, según la PUD, estuvo marcado por irregularidades graves: una audiencia única de más de 12 horas, sin posibilidad de designar un abogado de confianza, sin acceso a las actas y sin copia del expediente. La alianza sostuvo que el juicio -que se resolvió en apenas 48 horas- es un nuevo ejemplo de cómo el oficialismo utiliza el poder judicial para castigar a quienes cuestionan su autoridad.

Mariana González, hija de Edmundo González y esposa del condenado, denunció que ni ella ni los abogados pudieron revisar documentos clave, y que desde septiembre les negaron sistemáticamente la identificación del número de expediente. Aseguró además que la notificación de la sentencia se realizó únicamente por vía telemática, reforzando la sensación de opacidad absoluta.

Los allegados a Tudares afirman que la acusación incluye delitos de conspiración y asociación con personas con las que no tiene vínculo alguno, lo que, según la familia, transforma el caso en una maniobra destinada a intimidar y castigar a los opositores del chavismo. Mariana sostuvo que su esposo es "totalmente inocente" y que el proceso está "viciado de nulidad absoluta".

La PUD también cuestionó la reciente condena de 20 años contra Luis Guillermo Istúriz, dirigente de Vente Venezuela y colaborador de María Corina Machado, galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz. Para la oposición, ambas decisiones forman parte de una política sistemática para neutralizar a los adversarios del gobierno.

El presidente electo Edmundo González Urrutia acusó al régimen de impulsar una represalia para "distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos" en las elecciones del 28 de julio de 2024. Señaló que el uso del sistema judicial para castigar a familiares de dirigentes confirma la "confusión entre poder e impunidad" que afecta al país. Subrayó además que ni Tudares ni Mariana tienen relación con sus actividades políticas.

Tudares fue detenido el 7 de enero, días antes de la investidura de Maduro para un nuevo mandato. En ese mismo período también fueron arrestados el activista Carlos Correa -luego liberado- y el ex candidato Enrique Márquez, en un contexto que organizaciones de derechos humanos describen como un reforzamiento del aparato represivo.

Mariana González denunció que no puede comunicarse directamente con su esposo, y que la estrategia oficial busca quebrar los lazos familiares y políticos de la disidencia. Diversas ONG alertaron sobre la recurrencia de juicios sin garantías, el bloqueo a la defensa técnica y el uso del sistema penal para atemorizar a críticos del gobierno.

La oposición exige la revisión inmediata de las condenas y reclama el restablecimiento de garantías fundamentales en Venezuela, mientras crece la preocupación internacional por la falta de independencia judicial en el país.