Presentan en Bolivia la  ley de financiamiento al terrorismo

Bancadas de oposición advierten que el gobierno pretende poner en discusión nuevamente en el parlamento el proyecto de ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas con el fin de criminalizar la protesta.

En las últimas horas, el diputado de Creemos, Erwin Bazán, denunció que el Gobierno de Luis Arce pretende aprobar nuevamente una ley que castiga el “financiamiento al terrorismo” de forma discrecional, y que, en realidad, es una norma para eliminar el derecho a la protesta.

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Según señaló el funcionario: “Es una ley que básicamente busca cambiar los tipos penales para usar la figura de terrorismo y perseguir a los bolivianos que piensan diferente. Es decir, es una ley que sanciona y prohíbe las protestas e incluso busca confiscar los bienes de los ciudadanos que son parte de las protestas a nombre de lucha contra el terrorismo”.

Por otro lado, Bazán precisó que, el Presidente Luis Arce  envió a la ALP un nuevo Proyecto de Ley registrado con el número N° 280 de “Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas” esta Ley es la misma que en su momento fue la Ley 1386 “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y El Financiamiento al Terrorismo”, la misma que fue rechazada desde las calles y abrogada por el mismo presidente Luis Arce.

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Asimismo, este proyecto es el mismo que ya fue presentado por el mismo presidente en el 2021 con el número 218 (Proyecto de ley contra la legitimación de ganancia ilícitas, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales). Cuando en una lucha pacífica en las calles se logró también abrogar  la Ley 1386.

Por otro lado, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, manifestó que la medida busca ser asumida frente a las protestas de los maestros y advirtió que el proyecto de norma contempla sanciones de hasta 20 años de cárcel. Asimismo, añadió: “El problema con esto es que con cuatro figuras penales se quiere implantar la dictadura en el país, la figura de terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes”.

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Cabe señalar que, según la trayectoria histórica de dicho proyecto y lo controversial que fue Bazán, estableció que: “En noviembre del 2021, cuando el presidente Luis Arce abrogó la cuestionada ley 1386 dijo que no quería que enlutar al país, porque las protestas en la calle eran violentamente arremetidas por las Policía, en esta oportunidad el presidente Arce debe retomar sus palabras”.

Entre tanto, dicha medida “encara una severa crisis económica y cada uno de los bolivianos buscamos cuidar el poco dinero o bienes que tenemos”.  Es así que, buscan intervenir la propiedad privada y encarcelar quienes se oponen a estas arbitrariedades no tiene otro objetivo de “aterrorizar al país con la confiscación de sus bienes a título de “Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”.

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“En esta coyuntura donde el MAS busca tener un esquema judicial corrupto, a su medida, deja entrever su urgencia de penalizar toda protesta ciudadana, toda defensa de los derechos”, concluyó el funcionario.