Ortega refuerza el control del poder judicial con cinco nuevos magistrados sancionados por EE.UU.

La Asamblea Nacional de Nicaragua oficializó la incorporación de cinco nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, un movimiento que consolida el poder del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el sistema judicial. Entre los designados figuran tres funcionarios sancionados por Estados Unidos, acusados de participar activamente en la represión contra opositores y en la eliminación de la nacionalidad de más de 300 críticos del gobierno.

Los nombramientos recaen en la ex fiscal general Ana Julia Guido, los jueces Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, la jueza Shura Bonilyn Welcome Crawford y el abogado José Manuel Fuertes Toledo, ligado al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Según Washington, Guido habría impulsado estructuras destinadas a construir acusaciones falsas contra manifestantes, mientras que Rothschuh y Rodríguez fueron claves en la estrategia para despojar de ciudadanía a escritores, religiosos y figuras opositoras.

Los tres también integran una lista elaborada por un grupo de expertos de la ONU, que identifica a 54 altos responsables de cometer o facilitar crímenes de Estado desde 2018. Con estas incorporaciones, el Ejecutivo cubre las vacantes dejadas por magistrados que renunciaron en medio de la reciente reestructuración del poder judicial.

Las reformas constitucionales impulsadas este año otorgaron a Ortega y Murillo la capacidad de nombrar directamente al titular de la Corte y reducir el número de magistrados, eliminando el equilibrio institucional y subordinando la justicia al Ejecutivo. Además, extendieron el mandato presidencial, institucionalizaron la figura de la "copresidenta" y legitimaron la apatridia como herramienta de castigo político.

La comunidad internacional, incluidos la OEA, la ONU, Estados Unidos y el Parlamento Europeo, ha condenado estas transformaciones por consolidar un modelo de concentración de poder que profundiza el aislamiento del país y agrava la situación de derechos fundamentales en Nicaragua.