22/06/2023

Política

 Polémica en el Congreso de Perú tras aprobar una denuncia constitucional contra fiscal suprema


Las autoridades del pleno, se decidió privar a Zoraida Ávalos del derecho a ejercer cargos públicos por un período de cinco años.





  El Congreso de la República del Perú aprobó este miércoles el informe final de un recurso de inconstitucionalidad contra la fiscal suprema y exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de inacción, negativa o retardo de acción funcional y violación de la constitución.





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  Este es el informe final que recomienda que Ávalos sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.





  El Parlamento en su conjunto votó a favor de esta resolución legislativa por 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones.





Zoraida Ávalos fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.




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  La denuncia se basa en la decisión de Ávalos de suspender una investigación preliminar sobre el entonces presidente Pedro Castillo a principios de 2022.





  Por lo tanto, se le acusa de presuntamente ser condescendiente con el presidente depuesto.  Sin embargo, la constitución peruana otorga inmunidad al jefe de Estado, lo que impide que sea procesado mientras esté en el cargo.





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  “Abrió una investigación y la cerró con el mismo acto, entonces no sirvió de nada”, dijo al final del debate Ernesto Bustamante, diputado del Partido Fuerza Popular.





La CIDH, pre pronunció al respecto.




  Bustamante, quien forma parte de la Subcomisión de Cargos Constitucionales, defendió la medida.  “Nuestro deber es remitir esto al poder judicial, para que sea el poder judicial el que determine si se ha cometido un delito”, dijo.





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  Por su parte, la diputada Flor Pablo, quien no forma parte del grupo, subrayó que Ávalos “no violó la Constitución” y advirtió sobre los peligros de “politizar la justicia”. "Mucho cuidado con lo que hacemos, el riesgo es muy alto”, advirtió.





  Posición de Ávalos





  En su declaración de defensa antes de la votación, Ávalos aclaró que abrió dos investigaciones contra Castillo y nunca fueron detenidas, por lo que "estaría violando el debido proceso" si fuera acusada constitucionalmente.





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  Además, resaltó que todos los fiscales que la antecedieron “han presentado denuncias contra los presidentes de las repúblicas en ejercicio”.  Sin embargo, marcó un "hito histórico" cuando abrió una investigación en 2022 contra el entonces presidente Martín Vizcarra y luego Castillo.





Congreso de Perú.




  “He sentado un precedente positivo”, dijo el Fiscal General en la Cámara del Congreso.  “Nunca he cometido actos delictivos”, agregó.





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  Al final de su intervención, que duró casi 20 minutos, Ávalos advirtió que había sido "acosado" como parte de una "venganza política".





  CIDH declara





  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su "preocupación" por los cargos constitucionales contra el poder judicial en Perú, incluido el fiscal supremo.





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  “CIDH recuerda que, de acuerdo con los estándares interamericanos, las garantías a la independencia del poder judicial se extienden no solo a los jueces, sino también a los fiscales”, dijo.









  El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que los Estados "deberán dotar a los fiscales de estabilidad en sus cargos".





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  “Es fundamental que tanto los jueces como los fiscales cuenten con un adecuado proceso de designación, protección frente a presiones externas y permanencia en el cargo”, agregó la CIDH.


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