Ley Penal Juvenil: el Gobierno impulsa el debate en extraordinarias y proyecta su aprobación para marzo

El Gobierno nacional resolvió incorporar la reforma de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas a partir del 2 de febrero, aunque dentro del oficialismo reconocen que la aprobación definitiva del proyecto podría concretarse recién en marzo, una vez iniciado el período ordinario.

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, y se da en un contexto de fuerte conmoción pública tras el asesinato de Jeremías Monzón, un menor que fue víctima de un ataque protagonizado por adolescentes.

Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa avanza en paralelo al debate por la Reforma Penal, aunque aclararon que esta última no podrá ser tratada en extraordinarias por la extensión del articulado.

Por qué avanza la Ley Penal Juvenil

Fuentes oficiales señalaron que el proyecto de Ley Penal Juvenil cuenta con un articulado más acotado, lo que permitiría iniciar su discusión en el corto plazo. "La reforma penal tiene más de 900 artículos y no dan los tiempos. El régimen penal juvenil es un sistema distinto y puede tratarse en estas instancias", indicaron desde el entorno presidencial.

Si bien el debate comenzará en febrero, en el oficialismo reconocen que la prioridad legislativa estará puesta en otros proyectos, como el acuerdo con el Mercosur y la Reforma Laboral, por lo que la discusión de fondo sobre la penal juvenil quedaría postergada.

Los puntos centrales del proyecto

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años, en reemplazo del límite actual de 16 años. Según el Ejecutivo, el cambio busca dar respuesta a delitos graves cometidos por menores que hoy no pueden ser juzgados bajo el régimen vigente.

El proyecto establece que las penas deberán orientarse a la educación, resocialización e integración social del adolescente, con el objetivo de reducir la reincidencia. Además, incorpora disposiciones específicas sobre el respeto a la dignidad humana, la protección de la identidad de género y la prohibición de difundir datos personales que permitan identificar a los menores imputados.

Antecedentes y debate político

La iniciativa no es nueva. El proyecto ya había sido presentado durante 2025 y había logrado dictamen de comisión, impulsado en ese momento por el PRO, con tratamiento en la comisión presidida por Laura Rodríguez Machado, hoy integrante del bloque de La Libertad Avanza.

Durante aquel debate surgieron diferencias en torno a la edad de imputabilidad. Mientras el Gobierno proponía fijarla en 13 años, sectores del PRO planteaban 14 años, criterio que quedó plasmado en el dictamen anterior y que ahora el Ejecutivo busca modificar.

Desde el oficialismo aseguran estar dispuestos a negociar con bloques dialoguistas para alcanzar un dictamen con respaldo suficiente y acelerar su tratamiento en el recinto.

Tiempos legislativos y rol del Ministerio de Justicia

En el Gobierno admiten que el debate no comenzará hasta después del tratamiento de los proyectos prioritarios, previsto para mediados de febrero. "No dan los tiempos para todo en extraordinarias", reconocieron fuentes oficiales.

La redacción del proyecto estuvo a cargo del equipo legal coordinado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, con participación de la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy, y del asesor presidencial Santiago Caputo. Si bien el proyecto depende formalmente del Ministerio de Justicia, el ministro Mariano Cúneo Libarona no participó de su elaboración.

Actualmente, Cúneo Libarona se encuentra en Alemania, donde realiza actividades académicas vinculadas al derecho penal comparado, y tiene previsto regresar al país en los primeros días de febrero.