La Corte de Brasil impuso a Jair Bolsonaro el uso de tobillera electrónica

La Corte Suprema de Brasil impuso al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una conspiración golpista contra Lula da Silva, nuevas medidas restrictivas, entre las que se incluye el uso de tobillera electrónica, y la prohibición de utilizar sus redes sociales.

La decisión lleva la firma del ministro de la Corte, Alexandre de Moraes, y forma parte de las medidas cautelares impuestas en el marco de la investigación sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Cabe mencionar que a las restricciones impuestas se suman la veda de acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros o contactar a otros investigados en el caso, como parte de una investigación que lo señala como artífice de una conspiración contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

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La Policía Federal ejecutó ese mismo día dos allanamientos en Brasilia: uno en la residencia de Bolsonaro y otro en la sede del Partido Liberal (PL), que él lidera. Las operaciones, ordenadas por el Supremo Tribunal Federal, incluyeron órdenes de registro y confiscación, con el objetivo de recabar pruebas sobre la presunta trama golpista. Según medios locales, durante los allanamientos se incautaron cerca de 14.000 dólares y 8.000 reales (aproximadamente 1.440 dólares) en efectivo, fondos que las autoridades vinculan a posibles actividades de su hijo, Eduardo Bolsonaro, en Estados Unidos, donde presiona por medidas contra el Supremo.

El expresidente brasilero calificó como "humillación" las medidas dictaminadas por la Corte Suprema.

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, enfrenta un proceso penal por cinco delitos, incluyendo golpe de Estado, asociación criminal armada y daño a la propiedad federal, con penas que podrían sumar hasta 40 años de prisión. La Fiscalía General de la República, liderada por Paulo Gonet, presentó el 14 de julio los alegatos finales, solicitando su condena por orquestar un plan para impedir la posesión de Lula tras las elecciones de 2022. El juicio, que podría comenzar entre agosto y septiembre, se centra en los eventos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas atacaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

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El expresidente, tras la colocación de la tobillera en la sede de la Policía Federal, calificó las medidas como una "suprema humillación" y negó haber conspirado contra la democracia o planeado huir del país. "El juicio por el golpe es político", declaró a la prensa, defendiendo que su hijo Eduardo, desde Estados Unidos, lucha por la "democracia y la libertad". Estas declaraciones se producen en un contexto de tensiones internacionales, ya que el presidente estadounidense Donald Trump ha apoyado públicamente a Bolsonaro, calificando el proceso como una "caza de brujas" y anunciando un arancel del 50% a las importaciones brasileñas, en parte como respuesta al juicio.

La Corte Suprema también prohibió a Bolsonaro contactar a su hijo Eduardo, investigado por supuestamente influir en las sanciones de Trump contra Brasil. Lula, por su parte, calificó los comentarios de Trump como un "chantaje inaceptable" y exigió respeto al Poder Judicial. Las medidas contra Bolsonaro buscan prevenir riesgos de fuga y obstrucción, en un momento crítico para la democracia brasileña. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo del juicio, que podría marcar un precedente en la lucha contra intentos de desestabilización democrática en América Latina.