Guatemala: la Fiscalía acusa al presidente Arévalo por un contrato millonario con la ONU

La crisis institucional en Guatemala volvió a escalar. La Fiscalía presentó este martes una acusación contra el presidente Bernardo Arévalo, a quien señala de participar en un supuesto esquema de corrupción vinculado a un contrato de 943,9 millones de dólares firmado en 2024 con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El acuerdo, destinado a la compra de insumos médicos, fue cuestionado por el fiscal Rafael Curruchiche, quien sostuvo que "debió haber sido aprobado por el Congreso".

Curruchiche, junto a la fiscal general Consuelo Porras, lidera la ofensiva judicial contra el mandatario. Ambos funcionarios permanecen sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de "conductas antidemocráticas" y de socavar la independencia judicial. Las medidas incluyen la suspensión de visados y restricciones financieras, además de una condena pública internacional por su rol en el uso político del sistema judicial.

Según la acusación, el contrato con la UNOPS fue suscrito por el entonces ministro de Salud, Óscar Cordón, y un representante del organismo internacional. La justicia guatemalteca ordenó su detención y solicitó retirar la inmunidad al actual ministro, Joaquín Barnoya, por presuntos delitos de peculado, asociación ilícita y abuso de autoridad. Curruchiche también afirmó que la decisión de aprobar el acuerdo habría provenido directamente del presidente Arévalo y de su hermano, Martín Arévalo, funcionario de la ONU en Roma.

El presidente respondió con dureza. En conferencia de prensa, Arévalo calificó las acusaciones como "ficticias" y denunció una "persecución política" dirigida por Porras y Curruchiche. "Inventan casos como este. Son fantasías animadas de ayer y hoy", ironizó el mandatario. Aclaró además que su hermano no tuvo participación alguna en las gestiones del contrato, y que su trabajo en la FAO está completamente desligado de las operaciones de la UNOPS en Guatemala.

La oficina local de la ONU aún no emitió declaraciones sobre el caso, pero la Fiscalía aseguró que mantiene 24 investigaciones abiertas contra la actual administración. En agosto pasado, el mismo fiscal había pedido retirar la inmunidad presidencial por presuntos pagos irregulares a empresas constructoras, y en 2023 impulsó otra causa por lavado de dinero en la creación del partido Movimiento Semilla.

La disputa entre Arévalo y la fiscal general Porras se arrastra desde la campaña electoral de 2023. El mandatario la acusa de intentar frustrar su asunción con causas judiciales fabricadas, mientras Porras conserva su cargo gracias a la autonomía legal del Ministerio Público, que impide su destitución antes de 2026.

Diversos organismos internacionales, entre ellos la OEA, la ONU y Estados Unidos, han manifestado su preocupación por la deriva autoritaria del sistema judicial guatemalteco. Desde la disolución de la CICIG en 2019, las denuncias por persecución política y manipulación de la justicia han aumentado, evidenciando un deterioro progresivo del Estado de Derecho en el país centroamericano.