El obispo  Rolando Álvarez rechazó el exilio ante un proceso judicial plagado de irregularidades

El caso que evidencia el actuar del régimen de Daniel Ortega contra un obispo tiene su sentencia escrita, en un proceso que continúa a pesar de las anomalías jurídicas. El acusado es llevado ante audiencias clandestinas y no se le permitió designar un defensor o abogado.

Los intentos del Cardenal Leopoldo Brenes, para obtener la libertad de monseñor Rolando Álvarez, para que pueda regresar a su  Diócesis de Matagalpa, junto a sus feligreses, hasta el momento han sido en vano. Dado que Daniel Ortega y Rosario Murillo, estarían dispuestos a liberarlo a condición de que abandone su propio país, Nicaragua. Sin embargo, Monseñor Álvarez se niega a exiliarse.

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La situación respecto al caso es tan descabellada, que Pablo Cuevas, el defensor de Derechos Humanos, se refirió a la causa que el régimen de Ortega lleva contra monseñor Rolando Álvarez, como: “Nunca en la historia de Nicaragua, ni en la de Centroamérica que yo sepa, se había juzgado a un obispo en funciones”.

Asimismo, considero que el juicio es histórico, pero no por sus actores, sino por la cantidad de irregularidades infundadas que se llevan delante de este proceso. Todas efectuadas por el régimen de Nicaragua, por delitos que básicamente, a su criterio, “no puede demostrar”.

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 “La suerte de monseñor Álvarez está echada”, expresó a los medios locales el abogado, director en el exilio de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH). “Ya existe una sentencia de condena, solo se están poniendo los detalles. Ya sabemos lo que va a pasar. Las sentencias se elaboran en El Carmen (la residencia de Ortega)”.

Entre tanto, el caso contra el obispo de 56 años, inició en la madrugada del 19 de agosto de 2022, cuando la Policía nicaragüense allanó su residencia, en el Palacio Episcopal, después de mantener un cerco policial por 15 días alrededor. La detención del obispo se produjo en medio de una ofensiva del régimen de Daniel Ortega contra la iglesia Católica de Nicaragua, que ya ha llevado a 14 religiosos a la cárcel en estos últimos seis meses, entre ellos siete sacerdotes y un obispo.

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Sin embargo, el pasado martes, el régimen llevó adelante una audiencia inicial a puertas cerradas, contra Álvarez. La misma, fue precedida por la jueza, Gloria María Saavedra Corrales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, lo remitió a juicio y mantuvo la prisión domiciliaria en su contra.

En el marco de las acusaciones por los delitos:  “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad”. De la audiencia del martes se supo que el régimen publicó una escueta nota de prensa del complejo judicial de Managua, donde se realizó la sesión.

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“Es una acusación absurda contra un consagrado de la Iglesia católica, una persona de oración, dedicado a predicar la paz, el amor y la reconciliación de los nicaragüenses; y de todas las personas del mundo”, señaló el diario La Prensa y consideró que “tanto, el obispo Rolando Álvarez y todos los demás presos políticos y religiosos deben ser reconocidos como mártires de la fe y de la lucha por la libertad, la justicia y la democracia”.

El martes 13 de diciembre, se le presentó por primera vez en lo que la justicia nicaragüense denomina “audiencia preliminares”, 117 días después de su detención. En esa ocasión se le vio solitario sentado en el banquillo, visiblemente enflaquecido, con una guayabera azul y con mirada desafiante.

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El abogado Yader Morazán, ex funcionario del sistema judicial nicaragüense, asegura que el régimen le impuso a Álvarez una defensora de oficio, a pesar que la familia pidió la acreditación de una defensa propia, un derecho que la Constitución Política otorga a los acusados.

Ante esto, la  hermana monseñor Álvarez presentó un escrito, tal como establece la ley, donde nombra a una abogada defensora que es Aura Estela Alarcón. “La familia y la abogada se presentaron al complejo judicial el día y la hora programada para la audiencia. Sin embargo, nosotros vemos en las fotografías que quien comparece como abogada defensora es Jennifer Eliett Hernández Granera, que es la misma abogada defensora de oficio de la primera audiencia”, explica Morazán.

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Entre tanto, las irregularidades que se enmarca en este juicio, según Pablo Cuevas son: el Aislamiento,  Restricción religiosa, Tratos crueles, inhumanos y degradantes, “Allanamiento ilegal, Sustracción de su juez natural, Detención ilegal, Indefensión y Juicio clandestino.