23/10/2025
La Corte Suprema de Brasil publicó este miércoles la sentencia contra el ex presidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia también afecta a otros siete coconspiradores, todos ex funcionarios, implicados en la planificación del complot.
Según informó el tribunal, la defensa de Bolsonaro y de los demás condenados cuenta con un plazo de cinco días para presentar el primer recurso de apelación, limitado a cuestiones formales, sin alterar el mérito de la condena. Un segundo recurso podría presentarse posteriormente, pero la tradición judicial indica que generalmente se descarta cuando la sentencia es dictada por amplia mayoría.
El juicio determinó que Bolsonaro participó en un intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, además de integrar una organización criminal armada con planes de asesinar a su contrincante político. El expresidente niega los cargos y asegura que su condena forma parte de una "cacería de brujas" contra su gestión y seguidores.
El proceso judicial tuvo un fuerte impacto internacional, generando tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, especialmente cuando el expresidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles del 50% sobre productos brasileños, citando parcialmente el caso de Bolsonaro como contexto. Sin embargo, recientemente, las relaciones bilaterales han mostrado signos de normalización, con comunicaciones directas entre Lula y Trump y posibles encuentros en la cumbre de la ASEAN en Malasia.
Actualmente, Bolsonaro cumple la condena en prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia desde agosto de 2025, bajo supervisión judicial y con permisos especiales de movilidad por motivos de salud, según los informes de su defensa. Mientras tanto, la Corte Suprema continuará con el análisis de los recursos y, posteriormente, ordenará la ejecución de la sentencia.
El fallo de la Corte Suprema de Brasil marca un hito en la historia política del país, reforzando los mecanismos judiciales frente a intentos de socavar la democracia y demostrando la independencia del sistema legal frente a exmandatarios con poder político significativo.
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