Desde que inicio la medida implementada por el presidente Nayib Bukele, se han denunciado casos de abuso a los derechos humanos. Según un recuento de casos, al menos más de 130 personas murieron bajo custodia del estado.

Según cálculos publicados por la organización Cristosal, en El Salvador, hubo al menos 132 muertos bajo custodia del Estado, durante el régimen de excepción en el país centroamericano. Ante esto,  la abogada Zaira Navas, investigadora de Cristosal, expuso que el número es parcial, dado que no se han procesado todos los datos, pero que esperan que durante el mes de abril se conozcan números exactos.

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Asimismo establecen que el número es mucho mayor al que han dado a conocer, por lo que la organización Socorro Jurídico Humanitario, tiene contabilizadas 126 personas muertas que fueron detenidas el último año, la gran mayoría terminaron en hospitales al ser trasladados ya inconscientes por oficiales de la Dirección de Centros Penales.

Según expusieron, los datos fueron recogidos de algunos informes  forenses entregados por los familiares para poder registrar las fatalidades. Mientras que, por otro lado,  han sido  documentados por familiares de las víctimas, por medio de fotografías de los hematomas y golpes que presentaban los cadáveres, muchos también han desobedecido las órdenes de las autoridades al abrir los féretros sellados que les entregaron con los cuerpos, pues en un principio les indicaba “que habían muerto por COVID-19”.

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Socorro Jurídico dice en su reporte que su base de datos se ha conformado a partir de las denuncias que han llegado a sus oficinas directamente por familiares y que “esta no es una cifra oficial, porque muchos casos no salieron a la luz pública ya que algunas familias prefirieron callar” y sepultar en silencio a sus muertos.

Por otro lado, parte del informe preliminar, de Cristosal indica que su base de información se ha completado con testimonios de personas que estuvieron detenidas y declaraciones de familiares que presenciaron el momento en que las fuerzas de seguridad se llevaron a  sus parientes, cuya información fue vinculada con los poco informativos documentos forenses. 

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Durante meses estas organizaciones han indicado que, en muchos casos documentados, las causas de muerte escritas en el peritaje de Medicina Legal no especifican ni señalan los signos de violencia en los cuerpos.

Cabe señalar que, en octubre, el presidente Nayib Bukele negó   que las muertes tuvieran relación con malos tratos dentro de las cárceles; pero una publicación de Revista Factum indicó que, según informes internos de la Policía Nacional Civil (PNC) a los que tuvo acceso ese medio de investigación periodística, la autoridad de seguridad pública reconoce al menos 6 homicidios dentro de las prisiones y otros 24 casos se dieron dentro de las bartolinas de comisarías policiales durante los primeros 50 días del régimen de excepción, los cuales habrían perecido por uso excesivo de la fuerza.

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Cabe señalar que, según los datos el 94 % de los casos, los fallecidos no tendrían vínculos con pandillas; el mayor porcentaje de muertes, sobre el 54 % lo conforman varones entre 18 y 40 años, le sigue el grupo de 8 personas mayores de 60 años.  En cuanto a los sitios donde fallecieron, el mayor señalamiento recae en el Centro Penal de Izalco, en el occidental departamento de Sonsonate, de donde las organizaciones han contabilizado que ocurrieron 4 de cada 10 muertes, aunque los reportes forenses ubican el interior del Hospital Jorge Mazzini donde se certificó el 29 % de las muertes totales de los detenidos.

Entre tanto, durante el año de vigencia del estado de excepción se han registrado también 4.723 casos de violaciones a derechos fundamentales que han sido documentados y muchos procesados con los organismos internacionales de vigilancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualizaron.