Brasil desarticuló una red de evasión y lavado por USD 4.800 millones vinculada al grupo Refit

La Policía Federal de Brasil llevó a cabo un megaoperativo que permitió exponer una red de evasión fiscal y lavado de activos que habría generado un perjuicio superior a los 26.000 millones de reales, equivalentes a unos USD 4.800 millones. La investigación identificó un entramado empresarial diseñado para ocultar ingresos ilícitos y evadir impuestos mediante empresas fantasma, fondos de inversión y sociedades offshore.

El foco de la operación fue el grupo Refit, antigua refinería Manguinhos de Río de Janeiro, controlada por el empresario Ricardo Magro, señalado históricamente como uno de los mayores deudores del impuesto a las ventas (ICMS) en São Paulo. Las autoridades realizaron 126 allanamientos y secuestros en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Bahía, Maranhão y el Distrito Federal, con la participación de organismos fiscales y judiciales.

Según la Receita Federal, la organización mantenía vínculos con estructuras financieras en Delaware, un territorio considerado refugio fiscal, donde abrían fondos utilizados para enviar dinero al exterior y reingresarlo a Brasil mediante préstamos simulados. El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, afirmó que el dinero transferido "no era legítimo" y formaba parte de maniobras para disfrazar el origen de los fondos.

Como parte del operativo, la Policía Federal dispuso el bloqueo de activos por 10.200 millones de reales, incluyendo propiedades, vehículos y participaciones en empresas. La Procuraduría General obtuvo además el embargo judicial de otros 1.200 millones de reales, en una acción coordinada con el Comité Interinstitucional de Recuperación de Activos.

Las pesquisas revelaron un esquema basado en el incumplimiento reiterado de obligaciones fiscales, la creación constante de nuevas firmas para sostener la evasión, y la realización de compraventas interestatales ficticias. También se detectó una red de colaboradores dedicada a ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios.

Otro elemento clave fue la importación irregular de combustibles. Entre 2020 y 2025, el grupo habría introducido en el país más de 32.000 millones de reales en hidrocarburos y nafta, financiados con recursos provenientes de transacciones trianguladas y operaciones encubiertas. Parte del dinero se destinaba a inversiones inmobiliarias, adquisición de activos y movimientos que buscaban blanquear capitales y presentar operaciones como legales.

La causa continúa abierta, con el foco puesto en la estructura financiera detrás del grupo y en los responsables de articular el sistema que permitió una de las mayores maniobras de evasión registradas en Brasil.