Reanudan el turismo en Machu Picchu tras más de 10 días de protestas

Luego de varios días de protestas en la ciudad de Machu Picchu, ubicada en el departamento de Cusco, a raíz del descontento popular por la venta de boletos de manera electrónica para recorrer el santuario arqueológico, el Gobierno de Dina Boluarte y los manifestantes llegaron a un acuerdo para levantar la huelga que incluyó bloqueos y cierres de tiendas en ese punto turístico del país.

Las negociaciones que se llevaron a cabo entre la titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga, y el Colectivo Popular del Distrito de Machu Picchu, lograron poner fin al conflicto que se desató luego de que las autoridades pusieran en marcha un nuevo servicio de venta de entradas para visitar las ruinas incas, sin consultar previamente a las organizaciones ni a las comunidades locales. Hasta ese momento, la venta de entradas para recorrer el Machu Picchu se vendían a través de la Oficina de Cultura de Cuzco,

Con el entendimiento alcanzado entre las partes, se reactivaron las operaciones ferroviarias que, durante la duración de la huelga se encontraban suspendidas. Si bien, el ingreso a las ruinas del Machu Picchu nunca estuvo vedado, la falta de ese medio de transporte impidió la llegada de turistas que, en algunos casos, debieron marcharse sin poder conocer el santuario inca ubicado en lo alto de los Andes peruanos.

"A partir de las 13 horas de hoy miércoles 31 de enero, procedemos a autorizar las operaciones ferroviarias en el tramo Ollantaytambo - Machu Picchu - Hidroeléctrica, del ferrocarril sur oriente", reza el comunicado publicado por la empresa Ferrocarril Trasandino S.A, que anunció la reactivación del servicio tras la finalización de la huelga.

La puja entre la administración de Boluarte y el Gobierno regional de Cuzco por la venta de entradas tiene su origen por la sospecha de parte del Ejecutivo central acerca de que las autoridades locales desviarían una parte de las entradas para venderlas en el mercado negro, En este sentido, las observaciones del Gobierno se basan en que la empresa que transporta a los turistas en el autobús reporta un número de turistas por día superior a la venta oficial de entradas, lo que significaría para las autoridades nacionales una pérdida de ingreso de dos millones de dólares de forma anual.