El gobierno de Brasil anunció un conjunto de medidas fiscales destinadas a mitigar el impacto del aumento internacional del precio del petróleo sobre los consumidores. Las disposiciones fueron comunicadas en medio de la volatilidad energética global provocada por el conflicto en Medio Oriente.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que el Ejecutivo buscará reducir las consecuencias económicas del encarecimiento del combustible, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.
Entre las medidas adoptadas figura la eliminación temporal de dos impuestos federales aplicados al diésel, lo que implicará una reducción aproximada de 0,32 reales por litro. Además, el gobierno otorgará una subvención del mismo valor a productores e importadores del combustible, con el objetivo de generar un alivio total de 0,64 reales por litro en el precio final.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, explicó que el foco de las medidas está puesto en el diésel debido a su importancia para el transporte y el sector agropecuario, que se prepara para una cosecha de gran volumen. Según el funcionario, el objetivo es evitar que el aumento de los costos energéticos afecte la producción y la logística del país.
El plan también contempla la aplicación de un impuesto a las exportaciones de combustible, una medida orientada a incentivar el procesamiento en refinerías locales y asegurar el abastecimiento interno. El impacto fiscal de estas decisiones se estima en unos 30.000 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 5.700 millones de dólares.
Por otra parte, la Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis recibirá nuevas facultades para supervisar incrementos de precios considerados abusivos y detectar posibles prácticas especulativas en el mercado de combustibles.
Las autoridades aclararon que estas acciones no implican cambios en la política de precios de la empresa estatal Petrobras, que recientemente indicó que no prevé modificaciones inmediatas en el valor de los combustibles.
En paralelo a las medidas económicas, el gobierno brasileño anunció un plan de inversión de alrededor de 5.000 millones de dólares hasta 2027 para modernizar sus fuerzas militares. El proyecto contempla la actualización tecnológica de equipos y el fortalecimiento de la industria nacional de defensa.
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