Polémica en las elecciones de Guatemala por el veto a la única mujer indígena

La justicia ratificó la medida y la candidata, representante de los pueblos originarios, no podrá participar, pero podrá competir la hija de un ex dictador. Denuncian que existe una prohibición constitucional.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anunció que no permitirá la inscripción a candidatos de dos partidos opositores para la elección presidencial de junio. Permitieron el registro de otras dos candidaturas de políticas aliadas al gobierno a quienes han denunciado por tener prohibición constitucional.

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La Corte negó las apelaciones presentadas por los partidos rechazados que buscaban revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar por buenas las negativas iniciales del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, también se les negó las apelaciones a otros partidos políticos que buscaban sacar de la contienda a otras dos agrupaciones. Las decisiones de la Corte son temporales hasta que resuelva en definitiva.

Siendo el caso más resonado en la región, el del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido de izquierda fundado por indígenas y campesinos que aboga por un estado plurinacional. Thelma Cabrera es la líder del movimiento y es la única mujer indígena postulada para la presidencia y le acompaña como aspirante a vicepresidente Jordán Rodas Andrade, ex procurador de los derechos humanos.

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El partido, anteriormente mencionado fue rechazado por, Ramiro Muñoz, registrador electoral, quien se negó de inicio a inscribir las candidaturas del partido por un asunto administrativo, excusándose de que Rodas Andrade carece de un documento que dé fe de que no tiene cuentas pendientes con el Estado. El llamado finiquito es un requisito establecido en la ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Sin embargo, el ex procurador, crítico del gobierno de Alejandro Giammattei, no cuenta con ninguna prohibición constitucional (que estipula los impedimentos para acceder al cargo) para concurrir a elecciones.

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“Aquí, las Mafias del país lideradas y financiadas por el CACIF, se preparan para el fraude electoral en nuestro país. Sabemos que el TSE Guatemala ha firmado tres convenios, uno con los criminales del CACIF, otro con el Usurpador de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el último con el PDH de las Mafias”, expresó Ramiro López, un residente y activista político de la región de Chimaltenango, quien señaló que en estas elecciones, como en las anteriores, buscan promover ”voluntariados” y la “transparencia” en las elecciones generales este año”.

Como así también, fue rechazado, Podemos un partido de derecha, que impulsa como candidato a presidente a Roberto Arzú García Granados. Si bien, su candidatura fue admitida en un principio, por el Registro de Ciudadanos, pero posteriormente impugnada ante el Tribunal Supremo Electoral. El cual le retiró la inscripción por supuestamente hacer campaña anticipada, pese a que otros dos candidatos que recibieron llamadas de atención por campaña anticipada aún se mantienen inscriptos y en campaña.

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Las candidaturas que la Corte de Constitucionalidad mantiene vigentes son las de Zury Mayté Ríos Sosa y la de Sandra Torres Casanova. Entre tanto, si le permitieron la inscripción a Ríos Sosa, hija de José Efraín Ríos Montt, el ex dictador fallecido que recibió una condena (posteriormente anulada) por genocidio, quien postula por la coalición de partidos Valor-Unionista, de tendencia de derecha radical.

"Que turbio, la candidatura de Zury es inconstitucional y a Roberto Arzu si le dijeron que no por campaña anticipada. Que color que la política aquí en Guatemala no es democrática sino que es elección a dedo. ¿Así qué sentido tienen las elecciones? Es como elegir morir asado o en la hoguera, la misma cosa. No hay elección", expresó Werner Zepeda.

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También se encuentra la candidatura de Sandra Torres Casanova, ex primera dama (divorciada del fallecido ex presidente Álvaro Colom Caballeros 2008-2012) y la de su candidato vicepresidencial, Romeo Guerra, ex pastor evangélico, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se vieron impugnadas por la prohibición constitucional, dado que los ministros de culto, no pueden ir por la presidencia o vicepresidencia.

Esta situación, fue intervenida por el Human Rights Watch (HRW), la organización internacional de derechos humanos, advirtió que la inscripción de Cabrera fue rechazada bajo “argumentos dudosos” y que “podría poner en riesgo la credibilidad de las elecciones”.

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Cabe señalar que, Guatemala renovará a su presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano el próximo 25 de junio, donde dos partidos quedan fuera de la contienda electoral por decisión del ente de Constitucionalidad, que tiene la última palabra.

Según el artículo 186, la constitución de Guatemala impide optar al cargo de presidente y vicepresidente a caudillos, jefes de golpe de Estado o similares y a sus parientes. Con base en esa restricción, se le prohibió a Ríos Sosa en anteriores ocasiones la participación. Considerando que además de establecerse un nuevo presidente, se elegirá a 160 legisladores al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldías municipales para el periodo 2024-2028.