05/06/2023
El gobierno de Dina Boluarte prorrogó por 60 días el estado de emergencia en la sureña región de Puno para que las Fuerzas Armadas ejerzan el control e imponga orden en esta jurisdicción, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) de acuerdo con el decreto publicado este domingo.
Puno es la región sur andina fronteriza con Bolivia, donde hubo enfrentamientos nacionales con las fuerzas de la Orden en protesta contra el Gobernador. A principios de 2023 mantuvo por más tiempo el bloqueo de vías y carreteras.
Las organizaciones sociales de Puno realizaron un paro de 24 horas la semana pasada para reiniciar las movilizaciones contra Boluarte, pero el cumplimiento de la medida ha sido bajo.
La prórroga del estado de excepción en Puno se enmarca en la aplicación del inciso 1 del artículo 137 de la Constitución, que establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio del país, la libertad de reunión, libertad y seguridad personal.
El Ejecutivo peruano dispuso que el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) continúe asumiendo las funciones del Comando Unificado del Ejército y la PNP en Puno, de conformidad con las normas legales vigentes, que determinan el ámbito de actuación militar comando en una situación similar.
Durante este período de emergencia, las Fuerzas Armadas tienen la tarea de proteger los bienes críticos nacionales -con la intervención y apoyo de la PNP- y proteger las instituciones públicas y privadas y las instalaciones estratégicas asociadas a la explotación o transporte de los recursos naturales y las vías que determine la policía.
En una reciente reunión de organizaciones sociales en Puno, también se decidió realizar una nueva marcha de protesta en Lima en las próximas semanas, similar a la marcha de protesta de principios de 2023, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Las protestas estallaron en Perú tras el golpe de Estado en Castilla y continuaron a partir de enero con movilizaciones y enfrentamientos con fuerzas del Orden contra el gobierno de Boluarte, que asumió un cargo ejecutivo como vicepresidente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante estos enfrentamientos, y 77 personas fallecieron durante las protestas en Deharon, así como otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron como consecuencia de acciones como los bloqueos de carreteras.
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