México mantendrá a sus diplomáticos a pesar del retiro de su embajador en Perú

Según señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, este sábado, las relaciones diplomáticas con el país sudamericano se mantendrán. Además de que estarían abiertos los canales de comunicación entre países.

A pesar de que el gobierno peruano, de Dina Boluarte, decidió retirar al embajador de México, el pasado viernes. El gobierno mexicano, respondió ante esta sorpresiva resolución, luego de que Manuel Gerardo Talavera, fuera retirado de su cargo como representante del país centroamericano.

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Ante esto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes en una conferencia de prensa que,  México seguirá apoyando al expresidente Pedro Castillo, alegando que fue elegido democráticamente y derrocado ilegalmente por un Congreso y un gobierno profundamente impopulares que "gobiernan con bayonetas y represión, con fuerza".

Asimismo, señaló: “Consideramos una gran injusticia haberlo destituido (a Castillo) porque fue elegido por el pueblo. Además, los conservadores de Perú, que son minoría, violaron la constitución”.

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Por su parte, Boluarte, respondió a las declaraciones hechas el viernes por López Obrador "violan el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en los asuntos internos". Considerando que, la actual mandataria, ascendió a la presidencia el 7 de diciembre después de que el expresidente Pedro Castillo fuera acusado tras un intento de disolver el Congreso.

Ante esto, Boluarte acusó a López Obrador de respaldar el intento de Castillo de un "golpe de Estado". Señalando que: “Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en los asuntos internos, así como los referidos a la defensa y promoción de la democracia”, dijo en una transmision televisiva.

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Cabe señalar que, Castillo está detenido durante 18 meses en prisión preventiva después de intentar cerrar el Congreso por decreto para evitar un juicio político. Dicha detención, desencadenó una ola de protestas sociales que exigen la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, cambios a la constitución y la liberación de Castillo.

Hasta el momento, al menos 60 personas han muerto en incidentes relacionados con las protestas, y muchas de las víctimas provienen de las regiones del sur del país, fuertemente indígenas. Por otro lado, los  grupos de derechos humanos han acusado a las autoridades de usar armas de fuego contra los manifestantes y lanzar bombas de humo desde helicópteros. El ejército acusa a los manifestantes de usar armas y explosivos caseros.