27/12/2022
Gran polémica se ha generado en Chile, desde el pasado 9 de septiembre, cuando los diputados oficialistas Leonardo Soto, Lorena Pizarro, y Gonzalo Winter, se reunieron con la ministra de Justicia de Chile, Marcela Ríos, y con el subsecretario de la misma cartera, Jaime Gajardo.
En dicha reunión, se conversó y se barajó la idea sobre beneficios carcelarios a comuneros mapuches, lo que dio paso a proponer el tema de la cárcel. Asimismo, se estableció un acuerdo entre el lonko Víctor Queipul y el ex director regional de Gendarmería de La Araucanía, Juan José Navarrete, el que autorizaba traslados administrativos a reclusos en huelga de hambre en la cárcel de Angol, al sur de Chile.
Parte de este proyecto, surgió entre discusiones, tras las crecientes solicitudes de algunos reclusos mapuches para ser trasladados a penales de su preferencia, ante esto el Ministerio de Justicia analiza la posibilidad técnica y política de disponer de un recinto penitenciario exclusivo para imputados y condenados de estas comunidades. "Estamos, además, revisando los costos que tendría y si efectivamente es posible en el marco que establece el Convenio 169 de la OIT, estableció el subsecretario Jaime Gajardo.
Entre tanto, el activista mapuche Aucan Huilcaman, manifestó que esta idea es una medida que pretende desviar el foco entre las internas que preexisten entre el pueblo mapuche y el Estado. Por otro lado, señaló que es una acción equivocada de la aplicación del Convenio 169 (de la OIT) y otras normas internacionales relativas al pueblo mapuche.
Por ello, le solicitó al presidente que haga los esfuerzos necesarios para resolver el conflicto, para así poder saldar la interna entre ambos grupos. Para así, evitar mitigar el conflicto bajo las implementaciones cárceles en territorio mapuche.
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