29/03/2023
El Ministerio Público de Perú anunció el martes que amplió una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por la presunta financiación ilegal de organizaciones políticas, donde se detallan supuestos casos de lavado de activos y vinculación con una organización criminal, que aportó a la campaña electoral del 2021.
La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, impulsados por el fiscal provincial Richard Rojas decidió incorporar a la presidenta Dina Boluarte, al empresario Henry Shimabukuro y al exmandatario Pedro Castillo en la investigación por el presunto delito de organización criminal, en razón a los supuestos aportes ilícitos durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el año 2021.
Durante la campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia mientras que Boluarte se enfocaba en alcanzar la Vicepresidencia, en una formula conjunta. Entre tanto, la presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Tras la asunción de Boluarte, en diciembre del año pasado, luego de que Castillo fue destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una "oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas".
Entre los señalados, Eduvigis Beltrán fue acusado de aportar fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado. Asimismo, por medio de ello, fueron ubicados cierto grupo de personas en altos cargos públicos. Dichas afirmaciones fueron expuestas por, Maritza Sánchez, allegada a Castillo, en el programa Cuarto Poder.
Ante estas acusaciones, la Presidencia comentó que "si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno".
La mandataria, por su parte, debió presentarse el pasado lunes ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.
Entre tanto, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, de esta manera la investigación está abierta por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
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