05/06/2023
Al menos 135 defensores de derechos humanos han muerto violentamente en Honduras desde 2014, dijo este domingo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) del estado, al señalar que el 95% de los casos quedan impunes y pidió una revisión profunda e integral de dichos casos.
El gobierno del presidente Xiomara Castro ha declarado estado de emergencia en casi todo el país para controlar los delitos de extorsión y homicidio.
De 2021 a 2023 han muerto 40 defensores de derechos humanos. Siendo que, la mayoría de los cuales están dedicados a la protección de los pueblos indígenas, la tierra, el medio ambiente y la comunidad LGBT, indica el informe de la organización hondureña. Once de esas personas murieron en 2021, unas 18 en 2022 y al menos una docena en 2023.
La titular de CONADEH, Blanca Izaguirre, denunció que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para proteger los derechos humanos. Afirmó que la impunidad de estos asesinatos aviva la violencia por la criminalización de quienes protegen a DD. HH. Esto tiene un efecto aterrador no solo para ellos, sino para la sociedad misma.
Agregó que muchos defensores de los derechos humanos tienen que "dedicar cada vez más tiempo y recursos a la autodefensa, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad". Por ello, Isaguirre considera "urgente y necesario" que Honduras adopte una política pública integral para protegerlos y asigne el presupuesto necesario para su efectiva implementación.
Activistas de derechos humanos, son víctimas de amenazas de muerte, hostigamientos, intimidaciones, persecución, agresiones, detenciones, hostigamientos, agresiones físicas, represalias, calumnias, secuestros y desapariciones, entre otras cosas, destaca el informe.
Mientras tanto, los pueblos lenca, tolupan, garífuna, chortí, pech y misquito tratan de proteger sus tierras ancestrales, por lo que enfrentan criminalización, estigmatización y persecución, según la CONADEH.
Isaguirre recomendó al Estado de Honduras tomar las medidas de protección necesarias para frenar el desplazamiento de indígenas, campesinos y otros grupos particularmente dependientes de sus tierras.
CONADEX llamó la atención sobre la desaparición de cuatro guardianes de los garífunas en julio de 2020 en la comunidad de Triunfo de la Cruz en el Caribe hondureño, desconociéndose aún su paradero e investigaciones de la Secretaría de la Función Pública.
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