Guatemala disuelve la fiscalía especial contra la impunidad y abre una revisión de causas

Según explicó García Luna en su primera conferencia de prensa, la FECI entrará en un proceso de liquidación debido a la pérdida de confianza pública y a cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus objetivos originales. El funcionario sostuvo que se revisarán los casos impulsados por esa unidad para determinar si estuvieron respaldados por fundamentos sólidos.

El cambio ocurre después de una etapa especialmente controvertida en la justicia guatemalteca. La administración de Consuelo Porras fue señalada por impulsar investigaciones y procesos contra exfiscales, jueces, periodistas y dirigentes sociales, varios de los cuales terminaron fuera del país. Además, recibió sanciones internacionales por presuntas acciones que afectaron la independencia judicial y el proceso democrático.

García Luna adelantó que también evaluará el accionar de funcionarios del Ministerio Público vinculados a esas decisiones, aunque aseguró que cualquier análisis se realizará dentro del marco legal y con criterios de objetividad. Al mismo tiempo, afirmó que la institución que encabeza no responderá a intereses partidarios ni políticos.

Desde el gobierno, el presidente Bernardo Arévalo consideró la llegada del nuevo fiscal como un cambio esperado y sostuvo que la salida de Porras representa el cierre de una etapa que, según su visión, debilitó las instituciones y favoreció la impunidad.

El cierre de la FECI abre ahora un escenario de debate sobre el futuro de la lucha contra la corrupción y el rol que deberá asumir el Ministerio Público en la reconstrucción de la credibilidad del sistema judicial guatemalteco.