Guatemala: Bernardo Arévalo destituyó a su cúpula de seguridad tras la fuga de 20 pandilleros de Barrio 18El presidente Bernardo Arévalo removió al ministro de Gobernación y a dos viceministros luego

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este miércoles la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de los viceministros Claudia Palencia y José Portillo, tras la fuga de 20 reclusos pertenecientes a la pandilla Barrio 18, considerada una organización terrorista por Estados Unidos.

La evasión, que se hizo pública el domingo, desató fuertes críticas al Gobierno y se convirtió en el mayor desafío político y de seguridad desde que Arévalo asumió el poder en enero de 2024. "He decidido realizar cambios en el equipo a cargo de las tareas de seguridad", dijo el mandatario en un mensaje televisado, al reconocer fallas graves en el control penitenciario.

Según las autoridades, los pandilleros escaparon de una prisión guatemalteca a través de un operativo planificado, lo que provocó la intervención de fuerzas de seguridad en todo el país. Solo uno de los fugados ha sido recapturado hasta el momento. La administración reforzó las fronteras con El Salvador, Honduras y México, e informó que se ofrecieron recompensas por información que ayude a la captura de los prófugos.

Arévalo anunció además la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2.000 reclusos, que estará a cargo del cuerpo de ingenieros del ejército y se prevé que entre en funcionamiento dentro de un año. "Las cárceles deben ser centros de cumplimiento de penas, no universidades del crimen", afirmó.

La fuga generó una ola de malestar social y político. Comerciantes, analistas y dirigentes cuestionaron la demora del mandatario en remover a los responsables. "El presidente se tardó, no tenía que esperar a que se registrara la fuga para tomar esa decisión", expresó un ciudadano a la AFP.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la tasa de homicidios en Guatemala aumentó de 16,1 a 17,65 por cada 100.000 habitantes entre 2024 y 2025, más del doble del promedio mundial. Este incremento, sumado a la fuga, elevó la percepción de inseguridad y presionó políticamente al Ejecutivo.

En paralelo, el Congreso guatemalteco comenzó a debatir una ley que clasifica como terroristas a los miembros de pandillas, lo que permitirá al Gobierno endurecer las penas y fortalecer la persecución del crimen organizado mediante reformas a las leyes de lavado de dinero y crimen organizado.

El mandatario confirmó que el FBI y otras agencias de seguridad de Estados Unidos colaborarán en el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y búsqueda de los pandilleros. "No descansaré hasta que la totalidad de los criminales estén cumpliendo la condena que les corresponde", aseguró Arévalo.

Con la crisis aún abierta y la opinión pública en tensión, el presidente intenta recuperar el control político y la confianza ciudadana tras uno de los episodios de seguridad más graves de los últimos años en Guatemala.