12/05/2023
El ministerio público salvadoreño, pidió el viernes a un tribunal, la imposición de una pena de 16 años de prisión al expresidente Mauricio Funes. El mismo, es señalado por presunta relación y contacto con pandillas, con las cuales habría coordinados treguas para bajar los índices de homicidios en el país. A cambio, el exmandatario, les daría ciertos beneficios para sus cabecillas recluidos en las cárceles.
Por su parte, el exministro de Seguridad general David Munguía Payes, también procesado en el mismo caso, la Fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión. Entre tanto, Funes se encuentra a resguardo del gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, quien le otorgo la nacionalidad para su extradición. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.
Entre tanto, Funes (quien gobernó entre 2009-2014) enfrenta cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 16 años de prisión. En cuanto a Munguía Payes, que enfrenta los mismos cargos, se le suma el delito de actos arbitrarios y podría recibir una condena de hasta 20 años.
Mientras Funes juega su carta desde el extranjero, diciendo ser un perseguido político, los alegatos de la fiscalía los inculpan aún más. Según la Fiscalía afirmó que con base a la prueba desfilada en el juicio se ha comprobado la existencia de los delitos que se le imputan a los procesados y solicitó al Tribunal Especializado de Sentencia que emita una condena.
El mismo, aseguró que dichos funcionarios omitieron y se excedieron en sus obligaciones, además de haber violentado el protocolo de seguridad. Asimismo, destacaron que al menos tres testigos relataron durante el juicio, las reuniones en las cárceles entre los cabecillas de las bandas Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18, con conocimiento del expresidente Funes y del general Munguía Payés, permitiendo así el fortalecimiento de esos grupos criminales.
Los testigos - el obispo católico Fabio Colindres y el exministro de Seguridad y exdirector del Organismos de Inteligencia del Estado, Ricardo Perdomo- alegaron que en el juicio que Funes y el general Munguía Payes estaban enterados de todos los pormenores de los acuerdos de la tregua. Según relató el obispo explicó que la tregua inició en marzo de 2012 con una reunión en la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz donde estaban recluidos los cabecillas de las pandillas y que en el proceso pactaron no agredirse y bajar los índices de homicidios a cambio de beneficios para ellos.
Pidieron ser trasladados del penal de máxima seguridad a cárceles comunes, que se les permitieran las visitas íntimas y la posibilidad de tener celulares, entre otros beneficios. Luego de esa reunión se realizó el traslado de los cabecillas a cárceles donde estaban recluidas sus bases para explicarles el acuerdo.
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