05/12/2022

Protagonistas

Exclusivo: La diputada de Toribia Quispe denunció a exclusión de comunidades indígenas del proceso del Censo de Bolivia


La legisladora del departamento de Cochabamba se expresó en contra de las decisiones del presidente, Luis Arce, durante el conflicto cívico. Además de hacer presión, ante la invisibilización de los pueblos indígenas que aún residen en el país.





El paro cívico trajo consigo mucho sufrimiento al pueblo de Bolivia, enfrentamientos en tres grupos y desolación, mientras se luchaba por una causa justa. Sin embargo,  muchas de estas cuestiones pudieron haberse evitado. Principalmente, porque la postergación del censo, fue algo que no debió pasar y que por ello, enfureció a la comunidad, desatando así las exigencias de la gente en distintos puntos del país.





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Es así que, según expresó a Diario Latina, Toribia Lero Quispe, diputada de Cochabamba y representante de los pueblos indígenas, manifestó: “Tenemos derecho a pensar diferente, tenemos derecho a exigir el cumplimiento de normativas para precautelar nuestra existencia como pueblos indígenas, sin pueblos indígenas no hay Estado Plurinacional”.





La diputada de Cochabamba, apuntó contra el presidente Luis Arce.




Por otro lado, aseguró que la demora en las resoluciones, fueron un factor que extendió de manera desmedida el conflicto. Siendo algo que se podría haber solucionado, si el censo se realizaba el 16 de noviembre, como estaba previsto desde un primer momento.





Un censo que no debió postergarse





En cuanto a lo que respecta al Censo, señaló que la comunidad indígena no es tenida en cuenta y aseguro que temen que queden marginados o excluidos ante la toma de decisiones. “Los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y la boleta censal debe contar con el consentimiento”, manifestó y añadió: “El derecho a la auto identificación es vital, porque en Bolivia nos quieren auto identificar en base al idioma, cuando en la región nosotros identificamos por la identidad territorial”.





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En cuanto a lo que respecta al Censo, señaló que la comunidad indígena no es tenida en cuenta ya seguro que temen que queden marginados o excluidos ante la toma de decisiones. “Los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y la boleta censal debe contar con el consentimiento”, manifestó y añadió: “El derecho a la auto identificación es vital, porque en Bolivia nos quieren auto identificar en base al idioma, cuando en la región nosotros identificamos por la identidad territorial”.





Según la diputada el censo jamás debió posponerse.




Por otro lado, solo faltaba unos días para que se cumpliera un año después de haberse emitido el decreto, por lo que el presidente instala  otro decreto indicando que se va retrasar hasta el año 2024. “Creo que ese es el inicio de todos los problemas que ha ocurrido en el país, porque tanto dijeron que era una cuestión técnica la realización del censo, pero el presidente manifestó  que ha consultado y ha recibido propuestas del Consejo Nacional de Autonomías, es ahí donde, para mí que se inician las protestas de la ciudadanía”, recordó.





Entre tanto, señaló que hubo una politización del censo, sin embargo no era propio de un solo sector político. Puesto que, la ciudadanía era la que mayor intervención tuvo en el reclamo, por lo que no se trató de una cuestión política, sino más bien de un descontento social. “ Fue una cuestión de enojo y rechazo a esa forma de manejar una cuestión como es el censo, al cual ni fue correcta  y además no se sabía cuál es la pretensión el Gobierno de no querer realizar el censo el 2022”, señaló Lero y cuestionó: “Por qué aplazar la realización del censo hasta 2024 que esta al inicio  de una nueva elección para 2025, eso ha generado mucha duda y cuestionamientos”.





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El abuso de autoridad y falta de respetabilidad





Asimismo, consideran que es necesario que la ley que apaña los resultados del censo, se implemente en 2024. Para que, de esta manera   se establezca la redistribución de recursos,  la redistribución de escaños parlamentarios, el padrón electoral, señaló la diputada de Cochabamba.





Durante el paro cívico se reportaron abuso de autoridad y amenazas.




“El presidente en el momento de aprobar o promulgar la ley, ha hecho a su discurso como esta crisis política  hubiera aparecido de la nada, echándole la culpa a un sector, que obviamente es de derecha”, manifestó y agregó: “Pero siempre lavándose las manos,  indicando que querían dar golpe de estado y él no  reconoce que  ellos que manejan las cosas muy mal, y al final buscan siempre a quien echar la culpa”.  





Por otro lado, señaló que durante el conflicto, siempre se visibilizó a las demás regiones afectadas. Puesto que, alegaban que el censo sólo era importante para Santa Cruz, aunque según detalló Quispe, esta problemática le importaba a todo Bolivia, por lo que no debían restarle importancia al resto de la ciudadanía.





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Además de asegurar que la policía también estaba vinculada con un sector, dado que solo protegía a los simpatizantes del gobierno. Dejando desprotegidos al pueblo cruceño el cual se encontraba inmerso en una situación crítica, en estas movilizaciones no están las élites, si no, el pueblo siempre.





Los posible datos que establecería el censo





Es que es a través del censo que  se va a mostrar los datos reales del número de población que tiene el país, es así que a través de esa cifra se puede caracterizar el número de electores; por lo que se pueden hacer comparaciones respecto a  cuánta población votante hubo en 2012, el 2015 y el 2019 y así se puede manejar  y cruzar datos. Como así también, comprobar si hubo  o no fraude en 2019.





Los resultados del censo darían muchas repuestas al país.




“Es evidente que una parte no quieren actualizar eso,  es porque si el censo se realiza en 2024 ya no van a actualizar el padrón electoral y vamos a ir a elecciones 2025 con el padrón de 2012, ya que el  último censo en Bolivia fue el 2002 y ahí ya se manejaron con datos viejos y se denunciaron muchas irregularidades”, manifestó.





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Por otro lado, con los datos del censo, los cuales establece  la Constitución, la cual señala de que  a partir de esos datos se debe redistribuir los escaños parlamentarios. Por lo que, muchos departamentos entre ellos, Potosí, Oruro, Chuquisaca, han sufrido desplazamientos masivos de gente, por lo que ha habido una reducción demográfica importante. De esta manera se reflejaría una cifra reducida en la población de dichos departamentos, por lo que según detalló Lero, que al tener un  número reducido de población, se van a perder parlamentarios, cosa que no le favorece al gobierno, ya que este está desde el 2009 cuando se reconfiguró los nuevos escaños parlamentarios.





“Es así que la gente les va a echar en cara que no ha habido desarrollo, que hubo desplazamiento poblacional a la ciudades grandes en particular Santa Cruz y además  los datos del censo van a mostrar la realidad de las brechas de desigualdad que hay en Bolivia, entonces no le va a gustar al gobierno mostrar esos datos”, denunció.





Una lucha por la igualdad





Toribia como descendiente de indígena, se encarga de representar a su gente ante las autoridades, haciendo efectivo los derechos de pueblos indígenas,  respecto a todas las políticas de Estado. “Trabajábamos viendo de qué manera nos involucra, nos toma en cuenta y se cumple también los derechos y  que se establezca  todo lo que tiene que ver la construcción del Estado Plurinacional”, aseguró la diputada.





El gobierno no s hizo responsable de su participación en el paro cívico.




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Entre tanto, estableció que la su comunidad indígena quisiera tener acceso a la información del censo. Principalmente respecto a  la casilla de auto identificación de los pueblos indígenas, porque los indicadores de auto identificación tienen que ser elaborados con los participantes o representantes de dichos pueblos.  “Si bien, hay gente que habla el idioma quechua o el  aimara, pero no somos pueblos quechuas, ni aimara, si no que nos identificamos de acuerdo a las nacionalidades que hemos estado siempre vigentes”, señaló.





Asimismo detalló que dentro de la comunidad hay residentes de distintos pueblos como  los Charcas, Chipaya, los Pacahuara,  los Lupaca, entre otros, que existen y predominan en la región.  “Somos estructuras que no desaparecieron, pero el Gobierno no quiere consultar el tema de la autentificación, porque recientemente, ha salido la resolución o un informe de la asesoría especial sobre pueblos indígenas,  explicando sobre el derecho a la libre determinación, donde los pueblos indígenas tenemos la libertad de decir a qué nacionalidad o pueblo indígena pertenecemos o nos autoidentificamos”, resaltó.





Asimismo detalló que dentro de la comunidad hay residentes de distintos pueblos como  los Charcas, Qhara Qhara, Pakajis, Karangas, Chichas, Lipez, Killakas Asan Jaqi, Uru Chipaya, Uru Murato, y en tierras bajas son más de 30 pueblos que existen y predominan en las regiones de su país.  “Somos estructuras que no desaparecieron, pero el Gobierno no quiere consultar el tema de la autentificación, porque recientemente, ha salido la resolución o un informe de la asesoría especial sobre pueblos indígenas,  explicando sobre el derecho a la libre determinación, donde los pueblos indígenas tenemos la libertad de decir a qué nacionalidad o pueblo indígena pertenecemos o nos autoidentificamos”, resaltó.





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Es así que la diputada, estableció que es una forma del gobierno de negar las nacionalidades y procedencia de cientos de ciudadanos, que se verán reflejados en el censo su lugar de procedencia.  Asimismo, señaló que la boleta censal debe contar con ese apartado y además tener el consentimiento de los pueblos indígenas.





“En Bolivia hay muchísima presión hacia los pueblos indígenas, para que no se pronuncien”, comentó la diputada y concluyó: “Hay mucho control, mucho condicionamiento, sometimiento y amenazas, como que los indígenas solamente tendríamos que servir para el folklore,  para la danza  y para la foto. Pero no es así, por eso estamos en el ejercicio del derecho y para construir un país plural, que cuente con el ejercicio de los derechos sociales, culturales, políticos, económicos y sistemas de justicia indígena”.


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