15/01/2026
El optimismo de los hogares mexicanos para acceder a una vivienda propia atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Distintos indicadores económicos y estudios de opinión reflejan una percepción negativa sostenida sobre la posibilidad de comprar, construir o mejorar una casa en el corto y mediano plazo.
De acuerdo con datos oficiales, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró una nueva caída en diciembre, acumulando cuatro descensos interanuales consecutivos y alcanzando su nivel más bajo desde finales de 2023. Este indicador mide la probabilidad de que algún integrante del hogar concrete una operación vinculada a la vivienda en los próximos dos años.
Analistas económicos coinciden en que el deterioro de la situación económica del país, tanto actual como futura, impacta directamente en las decisiones de las familias. La percepción de inestabilidad, sumada a la pérdida del poder adquisitivo, refuerza la cautela de los consumidores.
La tendencia negativa no es reciente. La confianza del consumidor acumula más de un año de retrocesos interanuales, lo que evidencia una persistente incertidumbre económica y una creciente distancia entre los ingresos reales y el costo de vida.
A pesar del escenario adverso, el anhelo de acceder a una vivienda no desaparece. Encuestas recientes indican que más de tres cuartas partes de la población aspira a tener una casa propia, mientras que una amplia mayoría considera que contar con ese patrimonio es clave para la seguridad personal y familiar.
Sin embargo, la brecha generacional se profundiza. La mayoría de las personas menores de 35 años percibe que hoy es mucho más difícil comprar o alquilar una vivienda que en la época de sus padres, lo que refuerza la sensación de estancamiento social.
Entre quienes actualmente alquilan, más de la mitad cree que nunca podrá costear una propiedad. Los principales obstáculos señalados son los altos precios inmobiliarios, las tasas de interés elevadas, el encarecimiento de los materiales de construcción y la baja calidad de algunas viviendas disponibles.
El mercado inmobiliario continúa presionando sobre las expectativas de los hogares. En el último año, el valor promedio de una vivienda en México superó el millón ochocientos mil pesos, con un incremento anual que superó el ocho por ciento.
Para acceder a una propiedad de ese valor mediante un crédito hipotecario, se requieren ingresos mensuales que superan ampliamente los salarios promedio del país. Esta realidad deja fuera a una gran parte de la población económicamente activa, especialmente a quienes perciben menos de cinco salarios mínimos.
La situación laboral agrava el panorama. La elevada informalidad laboral limita el acceso al financiamiento, reduce la estabilidad de los ingresos y restringe las posibilidades de cumplir con los requisitos del sistema financiero.
Especialistas advierten que, mientras no se resuelvan los problemas estructurales vinculados al empleo, los salarios y el costo del crédito, el acceso a la vivienda digna seguirá siendo una meta inalcanzable para millones de mexicanos.
El escenario actual refleja no solo una crisis del mercado inmobiliario, sino también una problemática social más profunda, en la que el derecho a la vivienda se ve condicionado por un contexto económico que continúa deteriorándose.
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