El Gobierno de Ecuador anunció que incrementará del 30% al 50% la llamada "tasa de seguridad" a las importaciones provenientes de Colombia, en medio de un creciente conflicto bilateral vinculado al control del crimen organizado en la frontera común.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano justificó la medida al señalar que Bogotá no ha implementado acciones "concretas y efectivas" para enfrentar el narcotráfico y las economías ilegales en la zona limítrofe, de unos 600 kilómetros. El nuevo arancel comenzará a regir el 1 de marzo.
Escalada de la disputa comercial
La tensión se remonta a enero, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa dispuso un recargo del 30% a productos colombianos, argumentando falta de cooperación en seguridad. En respuesta, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aplicó medidas similares sobre bienes ecuatorianos, afectando decenas de partidas arancelarias agrícolas, alimenticias e industriales.
Como consecuencia, mercancías permanecen almacenadas en la ciudad fronteriza de Tulcán ante restricciones para el transporte terrestre hacia Colombia. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), el impacto alcanza unos 5,25 millones de dólares semanales en exportaciones, cerca de un tercio de las ventas totales ecuatorianas a ese mercado.
Energía y petróleo, también bajo presión
La disputa no se limita al comercio de bienes. Tras la imposición inicial del arancel, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador. Quito, por su parte, elevó significativamente la tarifa para el transporte de crudo colombiano a través de su oleoducto.
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que se mantiene el diálogo diplomático, aunque hasta ahora sin resultados concretos. Ambos gobiernos han condicionado nuevas negociaciones: Ecuador exige mayor erradicación de cultivos de coca y minería ilegal en la frontera, mientras que Colombia reclama el levantamiento de los aranceles.
En la zona limítrofe operan guerrillas colombianas y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas y a la explotación ilegal de minerales, un factor que ha convertido la seguridad fronteriza en el eje central de la crisis bilateral.
