Ecuador va a consulta popular: las 11 preguntas que propone Noboa

El Presidente del Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional (CC) el documento que contiene las 11 preguntas que formarán parte de la consulta popular propuesta por el mandatario, y que el máximo tribunal deberá dar el visto bueno antes de la realización del referéndum.

La consulta plantea once interrogantes sobre las áreas de empleo, seguridad y justicia. Específicamente el objetivo de esta Consulta Popular diseñada por el Gobierno de Noboa y que cumple con una de sus promesas de campaña, apunta a reformar el rol de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, la promoción del empleo y de las actividades económicas en el país.

En ese plano, uno de los ejes que Noboa ha planteado para el combate contra el delito organizado ha sido favorecer la intervención de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad interna al tiempo que también ha insistido en el endurecimiento de penas, como una de las estrategias predilectas para enfrentar la ola de violencia que azota Ecuador y que ha disparado la tasa de criminalidad a 40 homicidios cada 100 mil habitantes, durante el último año.

En este marco, las once preguntas presentadas por el Presidente son:

1- ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional?

2- ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?

3- ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

4- ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

5- ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

6- ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

7- ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal?

8- ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales?

9- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?

10- ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado?

11- ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11?

Se espera que la Corte se pronuncie en el margen de los próximos 20 días acerca de la constitucionalidad de los interrogantes propuestos por el líder de ADN. Si resultan aprobadas por el máximo tribunal, el Consejo Nacional Electoral podrá disponer la convocatoria a la Consulta Popular.