08/04/2026
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a las críticas formuladas por su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, sobre el sistema penitenciario salvadoreño y planteó la posibilidad de transferir a todos los detenidos del país centroamericano a territorio colombiano.
La propuesta fue difundida a través de un mensaje público en el que Bukele afirmó que, si el gobierno colombiano considera que las cárceles salvadoreñas funcionan como "campos de concentración", entonces debería aceptar el traslado del total de las personas privadas de libertad, incluidos aquellos que sectores críticos califican como presos políticos.
El mandatario señaló que la oferta abarcaría al conjunto de la población carcelaria y subrayó que la medida solo tendría sentido si se aplicara de forma completa. Según su planteo, mantener incluso a un solo detenido en esas condiciones sería incompatible con las acusaciones formuladas por Petro.
Las declaraciones se produjeron después de que el presidente colombiano cuestionara el sistema penitenciario de El Salvador y asegurara que miles de jóvenes estarían siendo encarcelados en condiciones que, a su juicio, equivalen a una forma de confinamiento masivo de población civil.
El intercambio ocurre en el contexto de la política de seguridad impulsada por Bukele desde 2022, cuando el gobierno instauró un régimen de excepción para enfrentar a las pandillas. Bajo ese marco legal se han suspendido algunas garantías constitucionales y se han llevado a cabo detenciones masivas de presuntos integrantes de organizaciones criminales.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido arrestadas durante este periodo. El propio gobierno salvadoreño ha reconocido que varios miles de los detenidos podrían no tener vínculos con estructuras delictivas, mientras que organizaciones de derechos humanos han denunciado presuntas irregularidades en los procedimientos judiciales y condiciones de reclusión.
En paralelo, informes presentados ante organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, han advertido sobre posibles violaciones a los derechos humanos y han pedido revisar las medidas aplicadas durante el régimen de excepción.
El cruce de declaraciones entre ambos presidentes volvió a poner en el centro del debate regional las estrategias de seguridad frente al crimen organizado y los límites de las políticas de encarcelamiento masivo en América Latina.
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