Ecuador bajo fuego narco: asesinaron a un juez tras dejar a su hijo en la escuela

El magistrado Marcos Mendoza, de 53 años, fue atacado a balazos la mañana del jueves en Montecristi, poco después de dejar a su hijo en la escuela. Según informó la Policía Nacional, un hombre en motocicleta se acercó al vehículo del juez y le disparó varias veces antes de huir.

El coronel Giovanni Naranjo, jefe policial de la zona, explicó que Mendoza "no contaba con seguridad personal ni había solicitado custodia", a pesar de que trabajaba en una de las regiones más afectadas por la violencia narco. Las primeras líneas de investigación apuntan a la banda Los Lobos, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la costa ecuatoriana.

El nombre del magistrado había aparecido en expedientes relacionados con el caso "Blanqueo Fito", que investigaba presuntos vínculos judiciales con estructuras del narcotráfico. Según el canal Teleamazonas, Mendoza fue suspendido durante un mes en junio por irregularidades administrativas, luego de intentar comunicarse con el ministro del Interior, John Reimberg, sin autorización institucional.

Días antes de su asesinato, el propio Reimberg había revelado que el juez lo había llamado para advertirle que "no lo buscara" ni intentara contactarlo "por terceros", un mensaje que ahora cobra otro sentido dentro de las hipótesis sobre el móvil del crimen.

La Asociación de Magistrados y Jueces de Ecuador repudió el asesinato y reclamó "acciones urgentes" al Estado para garantizar la seguridad de quienes integran el sistema judicial, advirtiendo que los funcionarios "trabajan bajo amenazas constantes y en condiciones de extrema vulnerabilidad".

De acuerdo con cifras de Human Rights Watch, al menos 15 jueces y fiscales han sido asesinados en Ecuador desde 2022. La situación refleja una escalada sin precedentes: solo en el primer semestre de 2025 se registraron 4.619 homicidios, un 47% más que en el mismo período del año anterior, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Frente a este escenario, el presidente Daniel Noboa mantiene vigente el "conflicto armado interno" decretado en 2024 para combatir a las bandas criminales, a las que calificó como "grupos terroristas". La estrategia incluye operativos militares, estados de excepción y leyes más duras contra delitos ligados al narcotráfico.

Ese mismo jueves, el ministro Reimberg informó que en la provincia de El Oro fue detenido un menor de edad acusado de abandonar una cabeza humana junto a panfletos amenazantes dirigidos a fiscales y policías, un hecho que exhibe la brutalidad y alcance del poder de las organizaciones criminales que desafían al Estado ecuatoriano.