Decretaron estado de excepción en diversos barrios de Honduras: residentes se encuentran en alerta

El lunes se hizo público un decreto legislativo firmado por la presidenta Xiomara Castro. El objetivo de este es controlar a las pandillas de las diferentes regiones del país. Para muchos es una medida similar a la que implemento Nayib Bukele en El Salvador.

El Gobierno de Honduras, estableció  la vigencia a un estado de excepción parcial ordenado por la presidenta Xiomara Castro, con el propósito de establecer el control sobre las pandillas. Esto se debe a que en la región se ha reportado un incremento de diversos delitos efectuados por estas, los cuales integran casos de extorsión, el sicariato y el secuestro.

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Por otro lado, esta medida apunta a 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, las cuales son las principales ciudades del país y en las que se registran más delitos. Entre los cuales se detallan, Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18. La medida estará en vigencia durante un mes. "Es muy probable que vayan a cancelar las horas extras para todo los residentes en esas zonas, por el toque de queda", manifestó Juan Carlos, un residente del Barrio La Unión a Diario Latina y agregó: "El estado de excepción entra en vigencia a partir de las 6:00 p.m. de hoy y va a concluir el jueves 6 de enero de enero de 2023".

Entre tanto, varios residentes, aseguraron que se vana a realizar fuertes operativos sorpresas en entrada y salidas de las colonias y barrios en lista. Asimismo, establecieron que, el decreto de estado de excepción que entra en vigencia hoy en 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula. Entre tanto, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, estableció que el estado de excepción que inicia este martes, no es un toque de queda y tampoco se requerirá de un salvoconducto.

El reciente decreto se emitió de forma inmediata, por lo que ya está en vigencia y rige hasta el 6 de enero de 2023. Asimismo, cuando este concluya pasando la fecha, el Congreso Nacional podrá modificarlo y ampliarlo. El decreto incluye en sus argumentos “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas".

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Además, menciona la consumación de “delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros”, por parte de esos grupos respalda la suspensión de "garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99”. Dichos  artículos se refieren a libertades personales, libertades de asociación y reunión, la libre circulación de las personas, la legalidad de los arrestos y los allanamientos.

Ante las similitudes que se encontraron ante esta medida,  con respecto a las implementadas por Nayib Bukele, el  comisionado de la Policía Nacional y analista, Leandro Osorio, dijo a The Associated Press, que este es un plan de control social, que busca tomar medidas de prevención.

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“La intención es penetrar esas estructuras criminales para llegar a los cabecillas (jefes), y es importante perfilar tanto a menores infractores, como a personas que delinquen de manera regular con estructuras criminales y de forma independiente”, manifestó.

No obstante, detalló que en El Salvador se estableció un proyecto autoritario a través del denominado plan de control territorial. El cual según su experiencia,  este dio resultados, dado que en cuatro meses El Salvador tiene 0,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en Honduras esa cifra se mantiene en 37, siendo el país con mayor número de crímenes en Centroamérica.

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“Lo que se ha aplicado en Honduras es un remedo, una acción que carece en cantidades mínimas de las cualidades a un proyecto que, si bien es cierto, es autoritario, ha demostrado su eficacia y donde el Gobierno de El Salvador ha invertido una cantidad muy fuerte de recursos”, señaló.