Continúa la investigación sobre los responsables del asalto a las sedes de Brasil

Más de 1.300 personas siguen detenidas por el asedio a los tres poderes ocurridos el 8 de enero. Las autoridades están detrás de las personas que financiaron el intento de golpe de Estado.

En total 1.395 personas permanecen en prisión en Brasilia. Los grupos fueron divididos, por lo que los hombres, fueron ubicados en la penitenciaría masculina de Papuda; en cuanto a las mujeres, en la cárcel de Colmeia. Aunque los investigadores no descartan que el número de implicados aumente, dado que la policía ha creado un correo para que los residentes puedan dar mayores datos sobre lo ocurrido, e incluso denunciar a personas que no han sido detenidas hasta el momento.

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Por otro lado, esta forma de "búsqueda" incluso ha mutado y se ha propagado en perfiles de Instagram, vinculados al Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, que publican fotos y aceptan denuncias de cualquier ciudadano, superponiéndose a la acción de la policía federal.

En un principio, habían detenido a 1.500 personas, la mayoría de ellas pertenecientes al campamento ubicado frente al cuartel general del ejército en Brasilia. Esto fue por la petición del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, luego de que se desarticulara a los manifestantes que acampaban allí.

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Según establecieron las autoridades resolvió liberar a los ancianos, padres con sus hijos y enfermos. No obstante está sido la única detención colectiva de la que se ha tenido registro en la historia brasileña, considerando incluso qué el Ministerio Público del Distrito Federal tuvo que interferir para proporcionar suficientes fiscales para este proceso.

Hasta el momento la investigación en el sitio se basó en la lista oficial que divulgó la Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal (Seape), puesto que, algunos de los detenidos tenían antecedentes penales, por robo, amenazas, violencia doméstica y tráfico de drogas. Asimismo entre los arrestados, 54 habían intentado anteriormente presentarse a cargos políticos desde 2000, incluso uno del PT de Lula, identificado como Marcio Castro Rodrigues. Entre los detenidos hay también un ex militar de la Fuerza Aerea y un coronel del ejército.

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Muchos de los extremistas detenidos no serán incriminados bajo la ley Antiterrorista de 2016, ya que no contempla la motivación política, sin embargo pueden ser condenados hasta 12 años de cárcel, según algunos abogados penalistas brasileños. El gobernador del estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, anuncio que ha puesto a disposición la Defensoría Pública la disposición de prestar asistencia jurídica a quienes no puedan permitírsela.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, señaló que entre los financiadores habría personas vinculadas a los agronegocios, cazadores, tiradores deportivos, coleccionistas de armas y comerciantes. Todos ellos procedentes de las regiones donde Jair Bolsonaro había ganado más votos en las elecciones pasadas.

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Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente Marina Silva: "la masa enfurecida de los acontecimientos en Brasilia está vinculada a los crímenes en la Amazonia”. Con lo cual declaró al mediod Folha se São Paulo: "Es necesario castigar severamente a los financiadores”.

Aunque, más allá de la situación, la búsqueda de posibles financiadores de los disturbios, continúa vigente. Incluso algunos políticos de Estados Unidos han solicitado al FBI y que compruebe si hubo algún cómplice que financiará los hechos desde el país estadounidense. Ante esto un grupo de fiscales brasileños viajarán a Washington para tener una reunión con sus colegas encargados de la invasión al Capitolio del 6 de enero del 2021.