18/06/2023
La solicitud de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Managua a la Fiscalía General de la Nación para formalizar la confiscación de todos los bienes inmuebles, acciones y empresas de 222 personas liberadas y expulsadas arbitrariamente en febrero pasado viola las garantías fundamentales y el debido proceso.
La confiscación de bienes y bienes constituye un acto delictivo arbitrario y desproporcionado contrario al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Nicaragua es signataria, señaló la agencia con sede en Washington.
La comisión también señala las "políticas arbitrarias" seguidas por las autoridades migratorias de Nicaragua para impedir el ingreso de ciudadanos al país o impedir que los ciudadanos salgan del territorio, otra flagrante violación de los derechos fundamentales, que la agencia cree se manifiesta en una campaña de represión contra opositores.
La CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), continúa recibiendo información sobre la incautación y retención arbitraria de pasaportes o denegación de emisión como mecanismo para impedir que las personas viajen al exterior, señala.
Estas disposiciones del gobierno de Nicaragua, en especial de quienes tienen prohibido regresar al país, han obligado a miles de ciudadanos que son considerados adversarios a reubicarse a la fuerza, para lo cual deben buscar regularizar su estatus migratorio o acceder a protección internacional. mecanismos "en otros países, dice la CIDH.
Esta política obligaría al exilio a miles de ciudadanos de este país centroamericano, que entró en una profunda crisis política y social en 2018 y que se agudizó en 2021 con elecciones en las que Daniel Ortega fue reelegido sin oposición.
Antes de las elecciones, los candidatos de la oposición fueron encarcelados, lo que significa que la mayoría de los países de la comunidad internacional desconocían los resultados de las elecciones, que dieron a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo un cuarto mandato consecutivo. La CIDH también advierte en un comunicado que las denuncias de nuevas detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la Iglesia Católica son preocupantes.
Unas 140 personas fueron detenidas entre abril y mayo de este año por participar en actividades públicas y defender el espíritu de las protestas que desencadenaron la crisis de 2018, sumándose a los operativos policiales "simultáneamente", según la organización. en diferentes regiones del país.
El Gobierno de Nicaragua no ha brindado explicación alguna sobre la política de control encaminada a impedir la salida o entrada de sus ciudadanos al país, y los principios que seguirá esta política migratoria. En cuanto a la confiscación de bienes de ex presos políticos expulsados del país, el gobierno de Ortega califica esta medida de castigo a los "golpistas" que violan la soberanía del país.
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