08/12/2023
A un año de su llegada al poder, la mandataria peruana afronta varios frentes que ponen en jaque a su Gobierno respaldado en una débil alianza parlamentaria.
Tras doce meses de gestión de Boluarte, Perú continúa con una fuerte inestabilidad social, producto de la falta de legitimidad de la actual gobernante que roza el 90 por ciento de desaprobación, y una desacreditación generalizada de las instituciones del Estado peruano, que afecta tanto al poder Ejecutivo, como al legislativo y al judicial. Ante este escenario abierto de descontento social, debe sumarse la fuerte disputa que Boluarte mantiene con la Fiscal General, Patricia Benavidez, quien efectuó una denuncia por "homicidio calificado" que podría dejarla al borde de la destitución de la presidencia. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ubica en 50 la cantidad de muertos por las manifestaciones suscitadas a inicios de su Gobierno, a raíz de la feroz represión policial, por la cual la mandataria peruana fue citada por la Fiscalía General en varias oportunidades para responder por las acusaciones de "genocidio" en su contra.
A pesar de la marcada debilidad política de Boluarte que no cuenta prácticamente con respaldo propio, son las alianzas con espacios opositores, tales como el fujimorismo, las que han extendido su estadía al frente del Ejecutivo peruano, aunque claro está, sin posibilidad alguna de imprimirle su impronta, o la toma autónoma de decisiones de peso, a su gestión. Una clara muestra de esta situación se ve reflejada en los numerosos cambios de ministros que han sucedido durante la gestión de Boluarte en estos doce meses.
Como si no fuera suficiente, al rechazo popular, y a la inestabilidad política, debe añadirse que el Perú experimenta también una fuerte crisis de seguridad ciudadana que Boluarte ha intentado combatir sin ningún tipo de éxito mediante la declaración del estado de sitio, herramienta fuertemente criticada desde la oposición peruana y cuya falta de resultado ha valido una moción de censura en contra del ahora exministro del Interior Vicente Romero. La criminalidad continúa en franco ascenso en la nación sudamericana y otras de las medidas ensayadas por la mandataria ha sido el endurecimiento de los controles migratorios, situación que en el último tiempo, y tras un encuentro entre las selecciones de Venezuela y Perú, ha generado el rechazo de las autoridades del país caribeño.
Además de todos los factores anteriormente nombrados, falta agregar uno más: la recesión económica. Por primera vez en 25 años, el país andino entró en recesión económica. Sin contar la recesión del 11 durante el 2020 a causa de la pandemia del Covid -19, que posteriormente tuvo un rebote del 13%, la economía peruana ha experimentado tres trimestres consecutivos de contracción económica. Aunque el Gobierno pretendió excusarse en el fenómeno climatológico del niño como uno de los principales responsables de la situación económica, son varios los que responsabilizan al ministro de Hacienda, Alex Contreras, por haber adoptado una postura de negación de la crisis.
La actual mandataria, que tiene mandato constitucional hasta julio de 2026, deberá encontrar el camino que le permita transitar con relativa calma hacia el final de su mandato, aunque con la falta de resultados en gestión y con las masivas protestas en su contra, cada vez parece más lejano cualquier escenario de calma para el Gobierno peruano.
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