Bolivia: gasto millonario en publicidad estatal durante el gobierno de Luis Arce reabre el debate sobre la pauta oficial

El final del mandato de Luis Arce en Bolivia estuvo marcado por una fuerte controversia: una investigación del medio Bolivia Verifica reveló que su administración desembolsó más de 4 millones de dólares en propaganda oficial en apenas cuatro meses, en plena crisis económica.

Según el informe, el gasto total alcanzó los 31,1 millones de bolivianos, equivalentes a 4,4 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Los fondos se habrían distribuido entre 42 medios locales y nacionales, con contratos registrados en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales (Sicoes) bajo el concepto de "servicio de difusión en medios televisivos, radio, prensa o redes sociales".

Concentración en el Ministerio de la Presidencia

De los 71 contratos detectados, 29 corresponden al Ministerio de la Presidencia, que absorbió el 77,5% del total de los recursos destinados a promover la imagen del gobierno saliente. También participaron ministerios y empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Sistema de Impuestos Nacionales y la Autoridad de Supervisión Financiera.

El gasto millonario ocurre en un contexto de crisis económica, escasez de dólares y tensiones políticas internas dentro del oficialismo. Mientras tanto, el nuevo Gobierno ya adelantó que buscará transparentar el uso de los fondos públicos y revisar los criterios de asignación publicitaria.

Denuncias de discrecionalidad y medios favorecidos

El manejo de la publicidad estatal en Bolivia ha sido históricamente cuestionado por su carácter discrecional, con beneficios concentrados en medios afines al Gobierno. Estudios recientes indican que los medios críticos o independientes reciben montos menores o quedan fuera de la pauta oficial.

En 2024, otra investigación reveló que el Estado boliviano destinó más de 500 mil dólares a medios cuyos accionistas o representantes estaban vinculados a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Uno de los casos más notorios involucró a Hugo Moldiz, exministro y asesor presidencial, propietario de un semanario beneficiado por contratos estatales.

Según Reporteros Sin Fronteras, "el Estado boliviano controla numerosos diarios, otorgando privilegios a los medios cercanos al poder mientras los independientes sufren presiones económicas que pueden llevar al cierre".

El desafío del nuevo gobierno de Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz aún no se pronunció sobre la situación de la prensa ni sobre la continuidad de la pauta oficial. Sin embargo, voces del sector periodístico exigen una reforma estructural que establezca criterios objetivos y transparentes para la distribución de los fondos públicos.

El director del periódico El País, Jesús Cantín, reclamó la creación de "una voz oficial con la que los medios puedan dialogar" y destacó la importancia de "fortalecer la independencia periodística como bien público".

Por su parte, Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), confirmó que solicitaron una audiencia con el nuevo presidente para presentar un reglamento que regule la pauta y proteja la libertad de prensa.