26/12/2025
La dictadura de Nicaragua acusó formalmente de terrorismo y de ser un "malhechor" al pastor evangélico Rudy Palacios, luego de que Estados Unidos exigiera su liberación inmediata por considerar que su detención vulnera derechos humanos y pone en riesgo su salud. La respuesta oficial se produjo pocas horas después del pronunciamiento del Departamento de Estado, profundizando la tensión diplomática entre Managua y Washington.
El pedido estadounidense fue difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y replicado por la embajada norteamericana en Managua. En el comunicado, Washington sostuvo que Palacios fue encarcelado por predicar por la paz y criticar la represión estatal, y alertó que tanto él como uno de sus familiares detenidos son sobrevivientes de cáncer y requieren atención médica constante.
La reacción del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo llegó a través de un comunicado de la Procuraduría General de la República, titulado "No son pastores, son malhechores". Allí, el gobierno acusó al pastor Palacios y a otros detenidos de alta traición, conspiración contra el Estado y de haber participado en supuestas acciones violentas vinculadas a las protestas de 2018.
Según el texto oficial, Palacios y sus allegados habrían regresado "clandestinamente" al país con el objetivo de planificar nuevas agresiones, y aseguró que todos fueron capturados, procesados y condenados con pleno respeto a sus derechos, afirmación que es rechazada por organizaciones de derechos humanos.
Rudy Palacios fue detenido el 17 de julio de 2025 en la ciudad de Jinotepe, departamento de Carazo, junto a cuatro miembros de su familia, en el marco de una serie de redadas realizadas en la antesala del aniversario de la revolución sandinista. Desde entonces, su paradero y estado de salud generaron alarma internacional.
En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Palacios, su esposa, su hija y otros familiares, al considerar que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable.
El caso también fue documentado por la organización Christian Solidarity Worldwide, que denunció años de hostigamiento contra el pastor por denunciar violaciones a los derechos humanos y reclamó a la comunidad internacional una intervención diplomática activa.
Para Washington, el encarcelamiento de Palacios forma parte de un patrón sistemático de persecución contra opositores, líderes religiosos y activistas críticos del régimen nicaragüense. De acuerdo con datos avalados por la CIDH, en Nicaragua hay al menos 62 personas consideradas presas políticas, entre ellas adultos mayores y personas en condición de desaparición forzada.
El comunicado oficial del régimen fue analizado críticamente por el académico y ex preso político Freddy Quezada, quien destacó que es la primera vez que el gobierno responde de manera directa a una exigencia internacional de este tipo, que lo hace a través de un organismo subordinado y que el texto no lleva firmas, un dato que llamó especialmente la atención.
Mientras crece la presión internacional, la situación del pastor Rudy Palacios se consolida como un nuevo caso emblemático de la confrontación entre el régimen de Managua y los organismos que denuncian la represión política y religiosa en Nicaragua.
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