Argentina declara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

El gobierno de Argentina resolvió declarar como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza militar vinculada al Estado de Irán. La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por el presidente Javier Milei, según informó la oficina presidencial.

La decisión implica la inclusión de esa fuerza en el registro nacional de entidades terroristas, lo que habilita la aplicación de sanciones económicas, restricciones financieras y otras medidas destinadas a limitar eventuales actividades o vínculos en territorio argentino.

De acuerdo con el comunicado oficial, la resolución se fundamenta en investigaciones judiciales realizadas en el país que atribuyen a miembros de esa organización participación en la planificación y ejecución de los dos atentados más graves ocurridos en Argentina.

Uno de ellos fue el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, perpetrado en marzo de 1992, que dejó 22 personas fallecidas. El otro corresponde al atentado contra la sede de la AMIA en julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas y dejó cientos de heridos.

Desde el Poder Ejecutivo se señaló que la decisión busca reforzar la política de seguridad frente a organizaciones consideradas responsables de actividades terroristas y reafirmar la posición internacional del país frente a ese tipo de amenazas.

En ese marco, el gobierno argentino sostuvo que la medida también se inscribe dentro de una estrategia de alineamiento con países que mantienen políticas firmes contra el terrorismo internacional, entre ellos Estados Unidos e Israel.

Previamente, la administración de Javier Milei ya había declarado organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de élite que forma parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

La causa por el atentado contra la AMIA, ocurrido hace más de tres décadas, continúa siendo uno de los procesos judiciales más sensibles en la historia reciente de Argentina, marcado por denuncias de encubrimiento, demoras judiciales y reclamos de justicia por parte de familiares de las víctimas.