Bolivia: la Policía anunció operativos con las Fuerzas Armadas para desalojar bloqueos y crece la tensión política

La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo luego de que la Policía anunciara operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas para desalojar los bloqueos que desde hace más de una semana paralizan distintas rutas del país.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó que las intervenciones serán coordinadas con el Ejército ante la falta de equipamiento policial. "Se van a intervenir todos los puntos de bloqueo que tenemos en el país", afirmó en conferencia de prensa.

Las protestas comenzaron con reclamos sectoriales de maestros, transportistas y campesinos, pero rápidamente escalaron hasta convertirse en una crisis política que incluye pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

Aunque algunos conflictos fueron desactivados mediante acuerdos con el Gobierno, continúan activos los bloqueos encabezados por la Federación de Campesinos Túpac Katari, apoyados además por la Central Obrera Boliviana, los Ponchos Rojos y cooperativistas mineros.

En paralelo, seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron una marcha de casi 190 kilómetros hacia La Paz para rechazar la propuesta oficial de reforma constitucional y exigir el fin de las causas judiciales contra el exmandatario.

La cantidad de bloqueos genera versiones contradictorias: mientras la Administradora Boliviana de Carreteras informó 21 cortes activos, la Policía aseguró que existen al menos 70 puntos de conflicto, especialmente en La Paz y Oruro.

El Gobierno también responsabilizó a los bloqueos por la muerte de dos personas que no pudieron ser trasladadas a centros de salud debido al corte de caminos: una turista de Belice y un comunario boliviano.

Desde el oficialismo denunciaron un intento de "desestabilización" y descartaron cualquier posibilidad de renuncia presidencial. "Esto es conspiración", aseguró el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Por su parte, dirigentes sindicales y analistas políticos sostienen que la creciente conflictividad expone la fragilidad del escenario político boliviano tras las elecciones de 2025 y refleja una fuerte disputa entre sectores populares, indígenas y urbanos por el rumbo del país.