Violento operativo policial en Cochabamba dejó dos muertos y reavivó un histórico conflicto limítrofe en Bolivia

Un violento operativo policial en el botadero de Cotapachi, en el límite entre Colcapirhua y Quillacollo, dejó dos muertos y 14 heridos, profundizando un conflicto limítrofe que arrastra una década de tensiones entre comunidades y autoridades municipales del departamento de Cochabamba.

Según los reportes oficiales, la intervención se realizó para cumplir una orden judicial que prohibía el cierre del botadero, bloqueado desde el 27 de noviembre por vecinos que exigían una delimitación clara del predio y el cierre técnico del relleno sanitario. Sin embargo, la operación terminó en un enfrentamiento que escaló rápidamente.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, aseguró que la fuerza ingresó para habilitar el paso y fue recibida en una "emboscada". No descartó que civiles pudieran haber disparado armas de fuego, aunque aclaró que la FELCC será la encargada de establecer responsabilidades y el tipo de armamento utilizado.

La versión de los abogados de las víctimas contradice por completo ese relato: denuncian que los disparos provinieron de la Policía y que incluso efectivos ingresaron a la comunidad persiguiendo a quienes mantenían el bloqueo. Las víctimas fatales fueron identificadas como Marco Padilla (38) y Sinforiano Carrillo (47), que llegaron sin vida al Hospital Benigno Sánchez, en Quillacollo.

El fiscal departamental, Oswaldo Tejerina, adelantó que se hará una inspección en el lugar para recolectar evidencia y reconstruir los hechos, mientras los familiares exigen justicia y responsabilizan a la Alcaldía de Colcapirhua por impulsar un operativo que -según afirman- solo agravó la situación.

Por su parte, el alcalde Nelson Gallinate sostuvo que detrás del bloqueo existen "intereses económicos y personales", y que antes del corte no se había presentado ninguna demanda específica. Sin embargo, reconoció que los reclamos se centran en un viejo conflicto de límites entre ambos municipios y en la gestión del botadero, un servicio clave para toda el área metropolitana cochabambina.

Lejos de calmar la tensión, la intervención policial provocó un bloqueo indefinido en la carretera que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, paralizando la circulación regional. Diversas organizaciones sociales pidieron la participación de instancias nacionales para lograr una solución jurídica y técnica al problema territorial.

El vicepresidente Edmand Lara reclamó un informe "exhaustivo" para identificar a los responsables y advirtió que Bolivia "no puede vivir con hechos de violencia". En la misma línea, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo un llamado urgente a la pacificación y a retomar un diálogo inmediato entre las partes enfrentadas.

Mientras continúan los cruces políticos y las acusaciones sobre quién disparó primero, lo cierto es que el conflicto limítrofe vuelve a quedar expuesto como un problema estructural que ningún gobierno local logró resolver. Y que, una vez más, deja muertos, heridos y un clima de inestabilidad social que amenaza con escalar aún más.