Violentas protestas en Bolivia por el retiro del subsidio a los combustibles dejaron al menos cuatro policías heridos

La decisión del Gobierno boliviano de retirar el subsidio estatal a los combustibles desató este martes una jornada de violencia y tensión en el corazón político del país. Una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) terminó en enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de la plaza Murillo, donde funcionan el Palacio de Gobierno y el Congreso. El saldo preliminar fue de al menos cuatro efectivos policiales heridos, que debieron ser trasladados a centros médicos.

La movilización reunió a mineros estatales y privados, maestros rurales y obreros fabriles, que intentaron ingresar por la fuerza al perímetro de la plaza, retirando vallas y presionando los cordones de seguridad. Durante los incidentes se registraron detonaciones de petardos y cargas de dinamita, un método habitual en protestas mineras, lo que elevó el riesgo en una zona altamente transitada.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los manifestantes y evitar el acceso al kilómetro cero del poder político. Los enfrentamientos se concentraron en calles del centro histórico y se extendieron durante unos 25 minutos, tras lo cual los manifestantes se replegaron hacia la avenida Mariscal Santa Cruz, que permaneció bloqueada durante varias horas, afectando el tránsito y la actividad comercial.

Desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, su principal referente sostuvo que la protesta era pacífica y responsabilizó a las fuerzas de seguridad por la escalada. Justificó el uso de explosivos como una reacción ante la represión policial.

El conflicto se originó tras la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, que dispuso la eliminación total del subsidio a la gasolina y al diésel, vigente por más de dos décadas. La medida implicó aumentos del 86 % en la gasolina y del 162 % en el diésel, lo que provocó un fuerte rechazo social.

El Gobierno defendió la decisión al argumentar que la subvención es fiscalmente insostenible y que en 2026 representaría un gasto equivalente al 6,4 % del producto interno bruto. Desde el Ministerio de Economía se llamó a desescalar el conflicto y retomar el diálogo, aunque se cuestionó la exigencia de la COB de derogar el decreto como condición previa.

Las protestas se extendieron más allá de La Paz. En El Alto se registraron bloqueos de rutas, mientras que en Chuquisaca sectores campesinos realizaron cortes. La COB anunció además una huelga general indefinida, con un acatamiento dispar.

El escenario marca el primer gran conflicto social para el presidente Rodrigo Paz desde su asunción el 8 de noviembre, en un contexto de tensión política, impacto económico y preocupación de comerciantes y vecinos en la antesala de las fiestas.