03/11/2022
La ONG Provea, aseguró que cerca de 700 militares de Venezuela, fueron desplegados en los últimos días, en las inmediaciones de la población minera de Tumeremo. Asimismo, bajo las órdenes de llevar a cabo un operativo en el cual se está deteniendo a civiles de la región; como así también destruyendo campos ilegales, desde donde se extraen riquezas.
Según establecieron desde la organización, desde el viernes 28 de octubre y hasta la fecha, la población de Tumeremo, en el estado Bolívar, esta notando la intervención y asedio de una fuerte incursión militar, de al menos 670 militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se moviliza bajo la operación Roraima 05-2022. La misma, tiene el propósito de desmantelar campamentos mineros que califican como ilegales y detiene a las personas sin reportar su paradero, según denuncian los pobladores.
La FANB está desplegada en la selva desde mediados de agosto en un operativo militar, junto a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), Instituto Nacional de Tierras (Inti), y los Órganos de Seguridad Ciudadana (OSC), que aseguran tiene el propósito de erradicar la minería ilegal, limpiar el territorio de grupos irregulares, y recuperar áreas naturales protegidas que no pertenecen al Arco Minero del Orinoco (AMO), detalla el informe.
Asimismo, establece que el despliegue militar inició cerca de una semana después de que una delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) viajará de Cuba a Venezuela para definir la negociación con el Gobierno colombiano.
Por otro lado, según establece el informe, a finales de septiembre, Nicolás Maduro ordenó a la FANB colaborar con el reinicio de las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN, cuyos acuerdos consiste en la desmovilización de este grupo armado. No obstante, algunos medios de comunicación de Bolívar, denunciaron en la última semana varias protestas de los lugareños contra esta militarización, en las que se denunció el desalojo irregular de mineros, así como detenciones arbitrarias, hechos a los que no se ha referido el Ministerio Público ni el resto de autoridades.
El 17 de octubre, los militares ingresaron a la Reserva Forestal de Imataca (el cual es un territorio de 38.219 km2 ubicado en la frontera con Guyana)destruyeron campamentos mineros y arrestaron a al menos 11 personas supuestamente armadas, de las cuales se desconoce paradero y condición física actual, asegura el informe.
No obstante, detallan que la incursión militar ha incluido el sobrevuelo de aviones de combate, el tránsito de tanques y armas de guerra por las calles de la localidad. Además de denunciarse que en 2016, se registró una masacre de 17 mineros, según establecieron por parte de grupos irregulares. Con la militarización también llegó el miedo y la incertidumbre, comerciantes bajaron sus santamarías (cierres) y pobladores salieron a protestar para exigir a la FANB el cese de las detenciones, los allanamientos y la destrucción de equipos de trabajo de los mineros, añadió.
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