Un juez de Guatemala enfrenta cargos por no beneficiar al hijo de una magistrada en un caso de corrupción

El funcionario denuncia haber recibido amenazas y represalias por no ayudar a una superior con un caso polémico. El magistrado se encuentra entre una condena a prisión o el exilio.

El juez de Guatemala, Carlos Ruano, de 42 años de los cuales 13 de ellos estuvo en el ejercicio de  la carrera judicial, se encuentra siendo el blanco de múltiples amenazas. Luego de que denunciara a una magistrada superior, que le pidió ayuda para su hijo, quien se encontraba en un proceso por corrupción.

LEER MÁS: Decretaron estado de excepción en diversos barrios de Honduras: residentes se encuentran en alerta

El proceso por el cual está atravesando, busca quitarle la inmunidad judicial, que según detalló él mismo, es un "acto de venganza". Por otro lado, se estableció que ante los reiterados cuestionamientos y hostigamiento, el magistrado se vea obligado a verse en prisión o en caminarse al exilio.

Según informaron, algunas fuentes a este medio,  Ruano es el cuarto juez que se enfrenta  a este tipo de acusaciones y amenazas por sus decisiones como representante e impartidor  de la ley. Asimismo, la Fundación contra el Terrorismo, una vez más interfiere en estas situaciones, denunciando y hostigando a jueces que dictaron sentencias contra funcionarios corruptos o militares acusados de crímenes de guerra.

LEER MÁS: El rescate del marino chileno que fue secuestrado en Ecuador: lo torturaron y le cortaron dos dedos

Tanto es así, que incluso solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le retiren la inmunidad para investigarlo por haber denunciado a la magistrada, Blanca Stalling, quien le pidió favorecer a su hijo. La CSJ sesiona cada miércoles por lo que se prevé que conozca la causa esta semana antes de entrar en receso de fin de año.

En lo que va del gobierno de Alejandro Giammattei (2020 -2024) más de 30 funcionarios judiciales entre magistrados, jueces y fiscales han salido de Guatemala. Muchos de ellos denunciando previamente haber sido hostigados y hasta perseguidos por haber investigado y haber hecho su trabajo en casos vinculados con crímenes de guerra y corrupción.

LEER MÁS: Exclusivo: La diputada de Toribia Quispe denunció a exclusión de comunidades indígenas del proceso del Censo de Bolivia

Hasta donde se sabe, Ruano fue asignado como juez de una investigación por actos de corrupción contra varias personas, en agosto de 2016. Entre ellos, se encontraba implicado Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila. La jueza, que era superior en cargo, y quien citó a Ruano a su despacho.

Aquella conversación había sido grabada por Ruano, según manifestó el mismo, para posteriormente exponer cómo la magistrada le había pedido favorecer a su hijo en la investigación. Tras una serie de seguimientos, la magistrada  fue detenida. El día de su captura en febrero de 2017 iba disfrazada con una peluca y un arma. Ella alegó que le había hablado al juez “como madre”.

LEER MÁS: Brasil pasó a cuartos con una arrasadora victoria ante Corea del Sur

Sin embargo, en junio de este año el juez Víctor Cruz, cerró el proceso contra Stalling, estableciendo que en dicha causa había incongruencias en la acusación por tráfico de influencias y resistencia al arresto.  Ante esto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, que dirige Rafael Curruchiche no apeló el fallo y este quedó firme.

Tras esto, Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, denunciaron a Ruano por los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito por haber denunciado a Stalling.

LEER MÁS: En el Día del Profesor Universitario, en Venezuela los trabajadores exigen mejoras en la educación

Es así que, en septiembre de este año la CSJ decidió reinstalar como jueza a Stalling y pagarle sus salarios suspendidos durante su proceso: casi 750.000 dólares. Sin embargo, es conocido que la fundación replica las mismas estrategias en otros casos,  aunque en este caso apunta a Ruano con tácticas de terror y miedo, luego presentan denuncias y con el apoyo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia retiran la inmunidad.

Cabe señalar que, este caso guarda similitudes con la acusación contra la exfiscal Virginia Laparra, quien lleva más de 9 meses en prisión acusada de abuso de autoridad y que ha supuesto fuertes críticas nacionales e internacionales por su situación. La fiscal había denunciado a otro juez que habría filtrado información a otro abogado.

LEER MÁS: Incertidumbre en la frontera estadounidense a pocos días de que pierda vigencia el Título 42

Entre tanto, este caso llamó la atención de la comunidad internacional, como la Unión Europea y países como Estados Unidos, quienes han expresado su preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala. Por lo que varios organismos internacionales, aseguran que la criminalización contra operadores de justicia, periodistas, opositores y activistas se incrementó en dicho país en los últimos años.