Tras el pedido de Bukele, el congreso de El Salvador extendió el régimen de excepción

La polémica medida de seguridad del país, para combatir a las pandillas, es duramente criticada y denunciada por casos de abusos en la región. La misma, continúa teniendo vigencia tras la decisión de los legisladores.

Por décima vez el parlamento de El Salvador, la cual cuenta con una amplia mayoría de simpatizantes oficialistas, resolvió aprobar la noche del miércoles la décima prórroga por 30 días que se suman a un régimen de excepción, que lleva una vigencia desde finales de marzo de 2022, haciendo así que por 11 meses el país está con la suspensión de garantías constitucionales.

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A pesar de los reclamos de diversas organizaciones de Derechos Humanos, y de varias familias que denuncian que han detenido inocentes, la vigencia de la medida será permanente. Entre tanto, durante la jornada del miércoles, el presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe una décima prórroga del estado de excepción para seguir combatiendo a las pandillas.

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Es así que, en la cuestión que se hizo efectiva tras un par de horas. Puerto que, los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados resolvieron la aprobación del Ejecutivo de Bukele. Con 67 votos de los 84 diputados. La cual es la décima prórroga del Régimen de Excepción, que entrará en vigencia el 17 de enero.

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“Vivimos y presenciamos desde hace meses, el abuso de poder y autoridad al pueblo trabajador salvadoreño, los que son permitidos por el régimen de excepción. Prolongado por tiempo indefinido por los diputados del partido en el poder”, dijo Emanuel Barahona, un residente de Soyapango, a este medio.

Considerando, que en dicho municipio, aún continúan las protestas de los trabajadores de la alcaldía, quienes exigen el pago de sus sueldos. “Todos tiene derecho a manifestarse en las calles, más aun cuando sus derechos son violentados, por lo que no tiene derechos las autoridades de reprimirlos y tratarlos como delincuentes”, expresó Zaira Chica, otra residente de Soyapango.

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Según el Gobierno, el régimen de excepción ha detenido a más de 61.300 supuestos pandilleros, pero se supo que solo se han liberado a más de 3.300 personas por orden de la Fiscalía y los tribunales. Entre tanto, las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han registrado más de 7.400 denuncias de atropellos por parte de las autoridades y cuerpos de seguridad. La mayoría de estas denuncias son por detenciones arbitrarias y se establecieron, además casos de tortura y la muerte de más de 90 personas bajo custodia estatal. Solo la organización Cristosal dio a conocer al cierre de 2022 que registró 3.211 casos de personas “vulneradas en sus derechos”.

El 97,5% de las denuncias son por detenciones arbitrarias, el 25,2% por allanamiento ilegal de morada y un 10,3% por malos tratos, en los que “cada persona pudo ser víctima de uno o más hechos”. Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.

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Cabe señalar que, en lo que va del Régimen de Excepción, se registran 270 días sin homicidios y 900 cabecillas capturados, desde su aprobación en marzo de 2022. No obstante, a finales de 2022, Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal recomendaron al gobierno de Bukele terminar la implementación del régimen de excepción, a lo que el mandatario salvadoreño contestó que “no” en un mensaje a través de la red social Twitter.

Dicha recomendación formaba parte del informe denominado ‘Podemos detener a quien queramos’, una investigación conjunta entre HRW y Cristosal durante los primeros 8 meses de vigencia de la medida de excepción, en la cual se realizaron 140 entrevistas a profundidad, según indicó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, durante la presentación del documento. En el informe resalta que durante el estado de excepción se han registrado violaciones sistemáticas de derechos humanos, casos concretos de torturas y malos tratos.