16/07/2023

Política

Simpatizantes del régimen Ortega abusan de una visa humanitaria para huir a Estados Unidos


Expatriados y exiliados nicaragüenses se encuentran en las calles de Estados Unidos con  paramilitares, jueces, periodistas oficialistas, jefes policiales, familiares de altos cargos del régimen sandinista que los mandaron al exilio.





El abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán conoció recientemente a dos de sus compatriotas en la barbería que suele visitar en Indiana, Estados Unidos. Si ya era extraño encontrar nicaragüenses en esa ciudad, más extraño aún que en una conversación se declararan simpatizantes de la muerte del dictador Daniel Ortega. “Estamos dispuestos a dar la vida por él”, le dijeron.





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Poco después, se volvió a conectar con rostros nicaragüenses en las redes sociales. Otro compatriota los describió como parte del ejército paramilitar que armó Daniel Ortega para sofocar el levantamiento ciudadano de 2018 en Nicaragua, que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue responsable de más de 300 asesinatos.





Funcionarios y simpatizantes de Daniel Ortega abusand e visas humanitarias y se topan con los exiliados que ellos mismos deportaron.




“Ayer me topé con 2 sapos que eran simpatizantes del régimen, a quienes después de fingir estar vivos, “graciosos” y jactarse de su comandante, les tuve que hablar en su lenguaje “revolucionario”, y les di ley lecciones Ellos estaban en silencio. Están armados valientemente, se amontonan en manadas y contra los débiles”, tuiteó Morazán más tarde.





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Simpatizantes de Daniel Ortega, son parte de una ola migratoria de  nicaragüenses que están llegando a Estados Unidos utilizando el permiso humanitario que el gobierno ha otorgado a nicaragüense, que llegan al país junto a inmigrantes venezolanos, cubanos y haitianos. utilizando una visa humanitaria especial del gobierno que le permite a una persona vivir y trabajar hasta dos años si cumple con las condiciones establecidas por el programa.





Unos 40.000 nicaragüenses han solicitado libertad condicional este año, de los cuales 19.000 han sido aprobados hasta abril del año pasado. Muchos de los solicitantes son viejos conocidos vinculados al régimen sandinista, lo que ha provocado una campaña de denuncia entre los opositores. El diario nicaragüense La Prensa contabilizó a unos 30 conocidos colaboradores del régimen que aprovecharon el permiso humanitario para emigrar a Estados Unidos y fueron denunciados por opositores en el mismo país.





222 presos politicos de Nicaragua fueron deportados por el régimen.




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“Ni Judas fue tan pérfido como la compañera Dalesca M. Rodríguez, integrante de la UNEN, que habiendo aceptado la bandera de la muerte, se mostró sin titubeos bajo la bandera del imperio”, denunció el columnista deportivo Miguel Mendoza, figura política y preso deportado a los EE.UU. por el régimen de Ortega y uno de los denunciantes más activos.





La UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua) es una organización asociada al sandinismo, y la denuncia de Mendoza muestra a Rodríguez en dos fotografías, una en Nicaragua posando con una bandera rojinegra, y la otra en Estados Unidos, con una bandera norteamericana. Además de dirigentes de la UNEN, jefes policiales, paramilitares, jueces, familiares de altos dirigentes sandinistas y hasta la mujer que testificó en el juicio de monseñor Rolando Álvarez, donde fue condenado a 26 años de prisión.





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Yader Morazán, abogado, trabaja en la documentación de los casos que cree que deben ser denunciados. Dice que “aceptar a esta gente sin pasar por los filtros es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos”, y la propia ley es contradictoria porque la nota explicativa “habla de la crisis que atraviesa Nicaragua”.





Los exiliados y desnacionalizados se encuentrana a sus denunciantes en als calles norteamericanas.




Sin embargo, admite que no es delito ser sandinista o simpatizante de Daniel Ortega, e incluso las autoridades estadounidenses respetan esa condición “para la libertad de expresión y de pensamiento”. Lo que sucede, agrega, es que estas personas, a pesar de los delitos que han cometido, no tienen antecedentes penales porque Nicaragua tiene un sistema judicial que promueve la impunidad para este tipo de delitos y, por el contrario, condena a los ciudadanos por ejercer sus derechos.





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“Por ejemplo, 222 presos políticos que fueron exiliados técnicamente no pudieron ser aceptados porque presuntamente cometieron delitos, y en cambio, las personas que participaron abiertamente en alguna estructura política o institucional, cometieron delitos, están limpios”, expresó.





“Pedimos que la misma lógica que se utilizó para permitir el ingreso de los presos políticos sirva también para impedir el ingreso de estas personas que representan un peligro”, además agregó: “Un oficial de inmigración, cuando hay sospecha, puede devolver a cualquiera. Ni siquiera necesita justificarse".





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Uno de los casos presentados por Morazán es el de la subcomisionada de Policía María de Jesús Guzmán Gutiérrez, quien recientemente ingresó a Estados Unidos en libertad condicional. La policía de Nicaragua fue sancionada por Estados Unidos en marzo de 2020 como institución violadora de los derechos humanos. Guzmán Gutiérrez fue ascendido en septiembre de 2021.





Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.




Otro caso infame es el de Gabriela Alejandra Rayo Castro, quien declaró como testigo en el juicio al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Alvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión. Ella vino a los Estados Unidos con su familia. El esposo de Rayo Castro, Juan Alberto Sosa Harquin, según Yader Morazán, es paramilitar reconocido del régimen sandinista en Matagalpa.





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Morazán asegura que hay un grupo de nicaragüenses que se dedican a “cazar” a colaboradores del régimen de Ortega que vienen a Estados Unidos en busca de asilo político o libertad condicional por motivos humanitarios. Dice haber visto personalmente que en muchos casos los orteguistas entregan una documentación más completa que los verdaderos opositores, pues antes de salir de Nicaragua reciben falsas órdenes de captura de la policía que los presentan como perseguidos políticos.





El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ha proporcionado un número de teléfono al 1-866-347-2-423 para presentar quejas desde los EE. UU. contra personas involucradas en abusos de los derechos humanos y al 802-872-6199 si se encuentra fuera del país. También puede completar el formulario en el sitio web oficial de ICE.


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