13/06/2023

Comunidad

Según un informe de la CIDH, agentes cubanos participaron en muerte de disidentes


Tras comunicarse con La Habana pudieron identificar y sancionar a los responsables de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero. También solicitaron la toma medidas para evitar que se repitan los hechos.





    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que "agentes estatales" cubanos estuvieron involucrados en la muerte de los disidentes cubanos Oswaldo Paya y Harold Cepero en 2012, en un informe sustantivo publicado el lunes.





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    Payá, premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2002 por los derechos humanos y político, y Chepero fallecieron el 22 de julio de 2012 mientras conducían un automóvil cerca de Bayamo, a unos 650 km al este de La Habana, acompañados de un político conservador sueco.  Jens Aron Modig y el español Angel Carromero conduciendo un coche.





Los cubanos Oswaldo Payá y Harol Cepero; y el español Ángel Carromero superviviente del atentado en Cuba.




    Carromero, el líder de la juventud del conservador Partido Popular, sobrevivió, fue procesado por homicidio imprudente por exceso de velocidad y condenado, pero afirma que ese día fue atropellado por un automóvil de los servicios especiales cubanos.





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    Payá y Cepero, de 60 y 31 años respectivamente, al momento de su muerte “fueron objeto de diversos actos de violencia, hostigamientos, amenazas, atentados contra su vida, cuando finalmente un accidente automovilístico los llevó a la muerte”, según la CIDH, órgano  de la Organización de los Estados Americanos (OEA).





La organización ve "pruebas serias y suficientes para concluir que representantes del Estado estuvieron involucrados en la muerte" de los dos disidentes.  La CIDH toma en cuenta las versiones de Carromero y un testigo presencial, quienes afirman que el automóvil en el que viajaban “fue embestido por un carro oficial”.





Imágenes del vehículo en el que ocurrió el accidente.




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 Por su parte, las autoridades de Cuba no presentaron argumentos y no rebatieronlos dichos de la CIDH, por lo que concluyeron: “que el Estado cubano ha violado los derechos a la vida, el honor y la libertad de expresión de ambas personas”.  Además, la CIDH constató “múltiples violaciones y omisiones en la investigación de los hechos, tales como la falta de examen o valoración de las declaraciones de los sobrevivientes y el hecho de que las autoridades se oficializaran de inmediato”.





    Los familiares de Payá no tuvieron acceso a los informes de las autopsias y no se les permitió pedir pruebas ni apelar el veredicto en el juicio de Carromero, condena la CIDH, considera que Cuba violó derechos consagrados en la Declaración Americana.





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    En el caso de Carromero, el Estado “violó el derecho a la integridad personal” mientras que el español fue detenido “ilegalmente”, fue “amenazado” para que admitiera su presunta responsabilidad y fue sometido a “torturas y tratos inhumanos como palizas, falta  de acceso al aire libre”, la luz solar y una nutrición adecuada.





La CIDH, concluyó sus investigaciones sobre el accidente.




    Los hechos se produjeron en el contexto de “persecución y represión estatal contra disidentes políticos y activistas de derechos humanos en Cuba con el fin de obstaculizar o paralizar la labor de protección y promoción de los derechos humanos”, condena la organización.





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La muerte de Payá, sobre la que su familia siempre ha pedido una investigación internacional independiente, dejó a la oposición cubana sin un líder principal.  Payá, también ciudadano español, fundó el Movimiento Cristiano para la Liberación (MCL) en 1987 para oponerse al régimen cubano unipartidista entonces dirigido por Fidel Castro.





    A través de su famoso proyecto, Varela obtuvo miles de firmas para exigir que el gobierno garantice la libertad de prensa y reunión y abra el camino a la democracia multipartidista, pero el ejecutivo comunista lo rechazó.  Su familia se vio obligada a emigrar a Estados Unidos luego de que las autoridades cubanas les negaran la libertad de circulación dentro del país y el traslado de los restos de Payá.





Las autoridades solicitan una investigación y que se detenga a los responsables.




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    La CIDH llama a Cuba a indemnizar a las víctimas y sus familias, a investigar en un plazo razonable, además de identificar y sancionar a los responsables, y a tomar medidas para evitar que los hechos se repitan.  También pide la creación de condiciones propicias para el retorno de quienes se vieron obligados a abandonar el país a raíz de este caso.


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