Ron DeSantis establece medidas para dificultar el establecimiento de migrantes

El proyecto de ley SB 1718,  fue firmado por el gobernador de Florida, cuya norma que incluye medidas que dificultan el establecimiento de inmigrantes en situación irregular.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles el proyecto de ley SB 1718, el cual establece una serie de medidas que le dificultan a los migrantes irregulares su establecimiento en el Estado. La misma implementaría varias cuestiones, entre ellas el no reconocimiento de licencias de conducción de otros estados, durante un acto en el que denunció el control fronterizo por parte del gobierno federal.

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En una conferencia de prensa, en la ciudad de Jacksonville, bajo el lema "Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden", DeSantis expresó que firmar dicha ley, fue una respuesta ante lo que denominó como "problema masivo que hay en la frontera con México".

Es así que, el proyecto de ley, que consta de 43 páginas incluye medidas para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a "inmigrantes no autorizados", siendo estas unas de las tantas medidas que buscan dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en dicho territorio.

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DeSantis arremetió contra la  definida "dejadez" por parte de la Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, en el tema migratorio, una "responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno", expresó. Entre tanto, el proyecto de ley SB 1718, establece una norma en los hospitales, los cuales deberán recopilar información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.

La norma señala que quienes transporten personas a Florida sin permiso migratorio, el cual es considerado un delito punible, que establece penas de hasta 15 años de prisión. También, prohíbe financiar  programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.

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Además de eliminar las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, también derogan la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.

Como así también, impone la creación de un "Consejo de Supervisión de la Seguridad Nacional" con el objetivo es proporcionar dirección en los esfuerzos relacionados con la protección ante incidentes terroristas, así como la aplicación de la ley de inmigración.